De SinPermiso. El lunes, 6 de mayo, Artur Mas, como presidente de la Generalitat, convocó una “cimera”
(cumbre) de partidos y organizaciones sociales para avanzar en la supuesta
“hoja de ruta” del derecho a decidir. Excepto CiU y ERC, el resto de
formaciones criticó amargamente la táctica de Mas de hacer reuniones de “cara
a la galería” para hacerse la foto cuando la preparación había sido
nula. Herrera, de ICV-EUiA, lo resumió así: “Hemos ido a una reunión
sin orden del día y salimos sin saber cuando nos volveremos a encontrar”. En
estos cinco meses, desde la Declaración de Soberanía y el Derecho a Decidir
hasta esta “cimera”, el papel del Parlament ha sido prácticamente nulo, igual
que la movilización social. El Acuerdo entre CiU y ERC ha servido para hacer
bascular el proceso hacía el Gobierno de Mas, que ha nombrado a dedo un
Consejo de Transición Nacional, y multiplicar las reuniones entre los
dirigentes de ambos partidos, Mas y Junqueras.
Herrera
explicó la desorientación del gobierno convergente: incapaz de hacer frente a
las políticas de la austeridad que están llevando a Cataluña al colapso
social, con multitud de manifestaciones contra los recortes sociales…
pretende dirigir el proceso hacía la consulta como una adhesión del resto de
las fuerzas políticas catalanas a sus intereses (a pesar de que las elecciones
de noviembre supusieron un fracaso histórico para él y su partido, negándole
la mayoría excepcional con la que pretendía liderar). Al mismo tiempo, sigue
situando la política partidaria (no tocar los intereses de la burguesía) por
encima de la movilización popular que supuso el 11 de septiembre. Navarro,
del PSC, exigió a Mas la disolución del Consejo de Transición y la CUP se
mostró cansada de reuniones inútiles. PP y Ciudadanos arremetieron
contra todo y contra todos.
Si bien la
gran mayoría del Parlamento catalán es favorable a la convocatoria en esta
legislatura de la consulta sobre la relación entre Catalunya y España, el
proceso hacía la consulta no cuenta con el mismo consenso y ello está
impidiendo acumular fuerzas y legitimidad frente a un Estado que utiliza la
Constitución no como herramienta de consenso, sino como un ariete para negar
la soberanía de Catalunya como nación, la negociación política entre
Catalunya y el Estado y un pacto político –como sí ha ocurrido entre Gran
Bretaña y Escocia o Canadá y el Quebec- para ejercer un derecho democrático
como es el derecho a la autodeterminación.
Este era
el escenario cuando el miércoles 8 de mayo, en medio del pleno del Parlament,
llegó a mediodía, vía fax, la admisión a trámite por parte del Tribunal
Constitucional del recurso del Gobierno del PP (y la consiguiente suspensión
por cinco meses) de la Declaración de Soberanía y el Derecho a Decidir. CiU y
ERC confiaban que la Declaración -al no tener “disposiciones jurídicas” y ser
sólo una “declaración de voluntad política”- no sería recurrible o al menos
el Tribunal Constitucional no admitiría a trámite el recurso. Nunca antes el
Constitucional había actuado en este sentido, nunca antes una Propuesta de
Resolución había sido suspendida.
Pero
también es cierto que nunca antes habían salido a la calle un millón y medio
de personas a decir claramente que Catalunya quiere un Estado propio y nunca
antes el Parlament (que si había hecho declaraciones a favor de derecho a la
autodeterminación de Catalunya –jamás impugnadas-) se había mostrado
claramente decidido a ejercer ese derecho.
Está claro
que el Constitucional no es un Tribunal neutral sino que responde a los
intereses del “Consejo de Administración de la transición” que conformó la
restauración borbónica y tiene como miembros a los partidos del régimen. El
recurso del gobierno Rajoy, con el beneplácito del PSOE de Rubalcaba, tiene
una clara intencionalidad política: abortar cualquier diálogo, dinamitar
cualquier vía que dentro de la legalidad permitiera una consulta democrática…
por ello lanza al Constitucional por delante: no puede dialogar “porque no
sería legal”. Es falso, como muchos constitucionalistas apuntan, pero como
diría Andreotti: “si non e véro, e benne trobato” (si no es verdad, lo
parece).
Esa misma
tarde del 8 de mayo, la sesión en el Parlament se abría con la constitución
de una Comisión de Estudio sobre el Derecho a Decidir, apoyada por CiU, ERC,
PSC, ICV-EUiA y la CUP (el 85% de los escaños de la cámara catalana). El PP y
Ciudadanos exigieron su inmediata retirada del orden del día, acusando al
resto de “desacato”, de “incumplir la legalidad”, de “desafío al Estado de
Derecho”… Todos los grupos favorables tomaron la palabra en defensa de
derecho y la capacidad del Parlament de crear la Comisión y la voluntad de
ejercer la consulta… Finalmente, tras abandonar el PP sus escaños, la
Comisión fue aprobada. Desde el gobierno Rajoy volvieron a resonar los
ataques y las amenazas; UPyD volvió a pedir la suspensión de la autonomía.
Hacia el
choque de soberanías
La
democracia bipartidista del Estado monárquico español es realmente un modelo
singular. Los republicanos, incluidos PSOE y PCE, se agarraron a la Corona
como clavo ardiente para el tránsito desde la dictadura. Los franquistas pactaron
un Estado de las Autonomías para todas las regiones, aunque expurgado del
derecho a la autodeterminación. La Judicatura cambió algunos nombres para
perpetuarse en clave familiar, como garante junto a las Fuerzas Armadas de
los privilegios ancestrales del poder económico, de la Corona y de la
Constitución. La Iglesia católica cedió en la laicidad formal, mientras
mantenía sus propiedades y subvenciones a base de Concordato.
Esta
originalidad de la restauración borbónica española produce un efecto muy
diferente según desde donde se viva. Desde la Barcelona post olímpica y el
Parlamento de Cataluña, más bien fomenta incomprensión, indefensión y también
estupor o beligerancia. Las filias y fobias de la rivalidad Barcelona-Madrid,
la competencia económica, la angustia en torno a la lengua y la cultura, son
expresiones del factor político diferencial entre soberanías y naciones que
se consideran y se saben distintas.
El Estado
de las Autonomías ya ha hecho su recorrido y agotados sus límites, con unos
efectos que llevó a plantear la necesidad de una segunda transición
autonómica que tuviera en cuenta la voluntad democrática soberana de cada
nacionalidad. En este panorama, la crisis económica está acelerando todos los
desaguisados. El margen de flexibilidad se liquida. La involución democrática
afecta a Cataluña, con un vector en elevado ascenso que impregna el
imaginario popular con la idea de que los problemas económicos, y de todo
tipo, tienen su raíz en lo que se repite como "España nos roba".
Quienes consideramos
que los que roban no son la población española sino los poderes económicos
estatales y también los autonómicos catalanes, no tenemos más remedio que
constatar que el gobierno y el Estado, sea con el PP o con el PSOE, niegan a
la soberanía catalana los derechos políticos democráticos a decidir sobre su
realidad estructural institucional y sobre como pactar con el Estado. El 11
de septiembre de 2012 culminó una movilización, pueblo a pueblo, durante todo
el verano en una nueva multitudinaria manifestación que situaba en el tapete
el tabú de "Libertad, Independencia, Nuevo Estado de Europa". Los
sindicatos catalanes, con CCOO y UGT delante, aportaron la componente social
y el clamor popular en contra de los graves recortes del gobierno de CiU.
Por esto,
la impugnación del gobierno Rajoy de la Declaración de Soberanía y la
suspensión del Tribunal Constitucional son un acto de gran calado político
que cierra las alternativas de negociaciones y pactos. El gobierno de Rajoy,
la Judicatura, las Fuerzas Armadas, ni siquiera pretenden negociar, sólo
imponer sus condiciones. Esto recuerda el lema del 15M "le llaman
democracia, pero no lo es".
En
concreto, lo que el Tribunal Constitucional, con la Constitución de 1978 en
la mano, no acepta es que "el pueblo de Cataluña es un sujeto político y
jurídico soberano", tampoco todo lo relativo a una consulta sobre el
tema; aún menos todo lo que pudiese derivar hacia un Estado propio catalán.
No aceptar la soberanía, ni las decisiones de un pueblo, es la negación de la
democracia.
Puede
haber muchas disquisiciones y dictámenes sobre la base jurídica de la
soberanía ciudadana y popular. Puede argumentarse sobre las soberanías
compartidas. Puede afirmarse que la soberanía reside en el conjunto del
pueblo español, con su representación única en las Cortes. Se puede también
señalar que Cataluña seguirá supeditada al Estado español o lo será
directamente a la UE de Bruselas, el BCE y el gobierno alemán de Merkel. Pero
cuando un pueblo ha mostrado repetidas veces su deseo de decidir sobre sí
mismo, no querer reconocer el conflicto entre soberanías es de ciegos. El
choque entre legalidad y legitimidad, el choque entre soberanías, está
servido.
La
reivindicación frente a esta involución democrática tiene un doble aspecto en
el Estado y en Cataluña, Euskadi, Navarra y Galicia. Supeditar la vertiente
democrática a lo social, o el hecho social al nacional, es estrellarse contra
el muro de cada pueblo; diluir, o intentar negar o ir en contra de, la
soberanía nacional para afirmar la prioridad de lo social es confundir
vertientes diferentes, como si sólo existiera una soberanía neutral que
resulta ser española. ¿Es o no la soberanía española un sujeto político y
jurídico soberano precisamente nacional? Por lo menos está explícito en la
letra y el fondo de la Constitución española. Por ello el Tribunal
Constitucional ha podido tumbar la renovación del Estatuto y suspender la
declaración de soberanía del Parlamento catalán. La legalidad española se
reafirma como soberanía nacional española y para reafirmarse niega la
soberanía nacional catalana, vasca y gallega.
¿Reforma o
ruptura constitucional?
El Estado
no quiere ceder ante un escenario político que pudiera legitimar un proceso constituyente
catalán, con una independencia o una separación momentánea para abrir paso
después a unas nuevas relaciones más igualitarias de tipo federal o
confederal. El Estado español excluye la posibilidad de un Estado catalán, y
por supuesto aún más decididamente de una República catalana. La única
perspectiva constitucional aceptable para el Estado español, y por las
fuerzas políticas españolas como el PP y también el PSOE, es la unión
obligada, por Ley.
Cumplir con
el anhelo popular de las manifestaciones, o con la decisión del Parlamento de
Cataluña compromete a no acatar la decisión del Tribunal Constitucional,
obliga a denunciar la impugnación del gobierno español, como antidemocrática,
involucionista y un golpe grave a las libertades de Cataluña. La suspensión
del TC de la Declaración de Soberanía es de hecho una “cacicada”, en la que
una decisión de doce magistrados se sitúa por encima de un Parlamento que
representa al pueblo catalán, y se arroga un poder que sólo debe recaer sobre
el pueblo catalán.
Quienes
esgrimen ahora una reforma constitucional como solución al conflicto de
soberanías están más en el limbo que en la realidad política. La reforma no
es posible cuando no la quiere el PP y el PSOE no oculta que cuando habla de
reforma constitucional “federal” tampoco reconocería el derecho a decidir y a
Cataluña como nación soberana. Este es precisamente el “gran escollo” entre
el PSOE y el PSC para poder presentar conjuntamente una propuesta “federal”.
Propuesta que, además, no se apoya ni pretende apoyarse en una
movilización popular para que España se transforme en un Estado
plurinacional, como sí ocurre en Cataluña por el derecho a un Estado propio.
Se
necesita también un proceso de ruptura constituyente en España y esto supera
en mucho una reforma. Un proceso de procesos constituyentes catalán, español
y europeo. Ni la monarquía, ni el bipartidismo instaurado, pueden resolver la
crisis ni las necesidades sociales y políticas españolas. La necesaria movilización
por el Estado federal y la República española, ha de ir acompañada de la
perspectiva de una federación o confederación de Repúblicas, para permitir
establecer las alianzas vitales con las izquierdas nacionales.
La
consulta, vital para la convivencia democrática
Es
significativo que Nuet, diputado catalán a Cortes por La Izquierda Plural,
señale que el Parlamento ha de "continuar con su tarea para definir la
consulta por el derecho a decidir, el cuándo, el cómo y el qué se debe
preguntar" y hacer todo lo posible para "implicar a todas las
fuerzas políticas que defendemos este derecho democrático, pero también a
organizaciones sociales, sindicales y ciudadanas para ensanchar el derecho a
decidir".
Para
empoderarse, la sociedad civil tiene que defender también en la calle el
ejercicio del libre derecho a decidir del pueblo de Cataluña. El Parlamento y
el gobierno catalán no tienen suficiente fuerza. En la reciente cumbre
convocada por el gobierno de Mas no había plan para la Consulta. El liderazgo
de CiU es pernicioso para Cataluña, con unos presupuestos y unas medidas de
recorte que destruyen las condiciones de existencia de la población y al
país.
La
consulta es el nexo de unión entre la capacidad de los distintos pueblos de
entenderse, y también de no dividirse por sus respectivas pertenencias
nacionales en el seno de cada población. Lo democrático es que sea la
ciudadanía y la población quien decida. La realidad soberana democrática es
la verdadera concepción republicana. Para desprenderse de unos gobiernos
perniciosos es necesaria la alianza entre la izquierda española y las
izquierdas trabajadoras y soberanistas nacionales.
Cada
pueblo soberano debe ser quien decida si quiere un único Estado español, o
una federación de Estados, la confederación o que no haya ninguna relación.
David Companyon i Costa es miembro del Consell Nacional d’Esquerra Unida i Alternativa y
diputado por la coalición ICV-EUiA en el Parlamento catalán. Francesc
Matas Salla es consejero de acción política de EUiA.
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