El NO del PSC (15 NO, 5 no votaron) a la Declaración de soberanía en el Parlamento catalán encabeza un debate a profundizar.
Las 13 de ICV-EUiA votaron SI (3 votos de EUiA, en clave SÍ
crítico). La CUP partieron el voto, 1 SI crítico, 2 Abstenciones.
¿Qué sentido tiene la defensa de la Declaración parlamentaria
de soberanía y consulta? ¿Qué significa realizar la Consulta? ¿Es legítima? ¿Debe
ser vinculante dentro de la legalidad constitucional del Estado monárquico
español o convertirse en vinculante incluso fuera de la legalidad vigente? ¿Por
qué hay quienes dicen Sí a una Consulta y a una República catalana del 99%, pero
lo invalidan cuando hay votaciones que también hace CiU? ¿No sirve y es
bastante elocuente un SÍ crítico? ¿Qué significa rechazar la Declaración de
soberanía? ¿Quizás EUiA debiera haber votado NO o Abstenerse? ¿La Consulta sólo
se podrá hacer cuando haya un liderazgo hegemónico de la izquierda trabajadora?
¿La decisión surgida de la consulta puede ser o no unilateral de Cataluña? La
concepción democrática ¿aceptan o no las decisiones populares que impliquen la
independencia, un nuevo Estado, romper el Estado español actual existente y la legalidad
constitucional?
La realidad política implica que el voto NO del PSC ha sido
el rechazo desde las filas socialistas de la izquierda a la declaración de
soberanía. Esta opción del PSC rompe las posibilidades de un frente o pacto
catalán de izquierdas que busque arrebatar la hegemonía política catalana a
CiU, ayudada ahora por ERC. El PSC ha comenzado por partirse él mismo en su
grupo parlamentario. La presión popular es cada vez más fuerte, lo que obliga a
una opción clara y democrática de las fuerzas políticas de izquierdas a favor
de la libertad de Cataluña.
La diferenciación entre negar la soberanía catalana mientras
se defiende el derecho a la autodeterminación y a hacer una consulta, se ha
convertido de hecho, en el Parlamento, en una negativa práctica a la Consulta
para decidir incluida en la declaración.
Las razones para asegurar la legalidad de la consulta,
complementadas con las ideas de desarrollar la Constitución en sentido
democrático y federal, son cantos de sirena. Es evidente que hay una voluntad
política férrea de impedir una evolución constitucional de este tipo. Los
poderes fácticos velan, no sea que saltara por los aires la forma monárquica
del Estado, o se rompiera ese Estado, cortado por el patrón de la clase
dominante española, a pesar de los agravios y rencillas con la clase dominante
catalana.
El trasfondo argumental entre legitimidad, legalidad y
oportunidad de la Consulta radica en las consideraciones, del PSC y otros, de
que Cataluña no puede decidir por sí sola, de forma unilateral sobre sí misma,
ni diferenciada de la decisión de la población española sobre Cataluña.
Quien debe decidir, y debe poder hacerlo, de manera de
convertir la legitimidad en legalidad constituyente, es la población y
ciudadanía de Cataluña.
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