Es un gran paso en la convivencia entre los pueblos, entre
sus izquierdas y, en especial, en la solidaridad política de la clase
trabajadora de los diferentes pueblos y naciones que forman parte del Estado
español, del Reino de España, o de España, a secas. Todas esas denominaciones
usa la Constitución española de 1978.
El contenido de la declaración del 29 de mayo de 2013 señala
que se basa en "el principio del derecho a la autodeterminación de los
pueblos", con el compromiso en "Apoyar el ejercicio del derecho a
decidir del pueblo de Cataluña y de los otros pueblos del Estado que
manifiesten su voluntad de ejercer este derecho".
IU, junto a ICV y EUiA, explican que se trata de la "construcción
de una mayoría política y social favorable al ejercicio del derecho a decidir;
en el compromiso político de acatar los resultados y de impulsar las negociaciones
necesarias para concretar la voluntad de la ciudadanía".
En su forma el acuerdo también es importante pues se realiza
entre una organización de izquierda estatal -IU- y dos organizaciones de la
izquierda catalana -ICV y EUiA-, estas dos coaligadas, pero procedentes de una
etapa de rupturas en España y en Cataluña.
Este acuerdo se basa en la situación política de crisis
económica y estatal, en la orientación de la 6ª Asamblea de EUiA de hace un
año, en junio de 2012, la X Asamblea federal de IU, en diciembre de 2012, y la
recién celebrada 10ª Asamblea Nacional de ICV de mayo.
Las tres organizaciones que se denominan de la izquierda
transformadora, adoptan "construir una posición común sobre la crisis
constitucional que vive el Estado español y el derecho a decidir".
Consideran que "el sistema político caracterizado por el bipartidismo está
profundamente cuestionado", y que las políticas de recortes, la reforma laboral
y el bloqueo de la reforma del Estatut d'Autonomia de Catalunya, con "el
proceso de recentralización impulsado por el Gobierno del PP han provocado una
profunda crisis constitucional". Se vive "un proceso de involución
autonómica y de recentralización", que "afecta también a los
municipios" y se "vacía de contenido el poder local".
Se analiza que "la desafección hacia el Estado tiene
bases objetivas y es ampliamente compartida en Cataluña", donde las
grandes manifestaciones de 2010 y 2012, junto a las elecciones "ponen de
manifiesto que la mayoría de la ciudadanía de Cataluña no acepta el actual
marco estatutario y constitucional y reclaman ejercer el derecho a decidir para
resolver la actual situación", sigue con "el actual Estado de las
autonomías y el marco constitucional han de ser superados en un proceso que
reconozca el derecho a decidir y garantice todos los derechos sociales".
Los firmantes alertan "En ningún caso puede esgrimirse
la Constitución o la legalidad para oponerse a la celebración de un referéndum
en Cataluña (...) las leyes pueden ser reformadas para hacer posible que la
ciudadanía pueda ejercer el derecho a decidir libremente su futuro".
Estas izquierdas estatales y nacionales observan que
"La celebración del referéndum no supone el final del proceso. Una vez
conocida la decisión de la ciudadanía de Cataluña, deberán acordarse los
cambios constitucionales necesarios para hacer posible la voluntad
popular".
A la ciudadanía y su representación política le corresponde "acordar
una relación entre Cataluña y el Estado sobre nuevas bases", desde
"el reconocimiento constitucional del carácter plural de un Estado", "que
quedó sin solución durante la Transición". En este sentido "están
firmemente comprometidos en el inicio de un proceso constituyente en el
conjunto del Estado y de Cataluña".
Esta, insisto, importante aportación política para un desenlace democrático en España, tiene su telón de Aquiles, su punto débil en
las concesiones y conciliación con el mantenimiento de un Estado español,
establecido como una Monarquía, y sustentado en un nacionalismo español
hegemónico y dominante.
El eje que subyace y aflora en la declaración es la reforma constitucional, en vez de la ruptura con la Monarquía post franquista y la Constitución de 1978. Es esta Carta Magna la que consagra un Estado
centralista, niega los derechos básicos de sus pueblos, y se estructura en
función de los privilegios de las grandes finanzas, las clases poseedoras, el
tutelaje jurídico de las Fuerzas Armadas (garantes de la unidad de España), la
omnipotencia de la Administración de la Justicia, la estatal y los privilegios
de la Iglesia católica.
Las tres organizaciones se autolimitan en la perspectiva
política al defender "avanzar hacia un modelo de Estado federal",
como si no hubieran otras posibilidades tan democráticas como ésta, como puede
ser una Federación o Confederación de Estados, Repúblicas, que es precisamente
lo que ha de decidir la ciudadanía desde cada población-nación.
El derecho a la autodeterminación tiene su esencia democrática
y revolucionaria en la libertad de separación del pueblo y nación que lo ejerza
y según decida. Es el derecho de Cataluña a decir SI a la Independencia y a estructurarse
como un "nuevo Estado de Europa". Unas fuerzas de la izquierda transformadora,
que incluyen las concepciones federalistas republicanas y también las revolucionarias
sociales, han de ser coherentes en la defensa radical de lo que decida el pueblo
y la ciudadanía de Cataluña, sin temores filisteos a la ruptura del Estado de la
Monarquía y de los banqueros. El combatir la gran propiedad y finanzas catalanas
no tiene porqué encorsetar a la izquierda a defender la unidad y fuerza del Estado
de la gran propiedad y finanzas españolas.
El futuro se limita de manera incoherente al establecer
"la necesidad de propiciar el diálogo entre las fuerzas políticas del
Estado y las fuerzas políticas catalanas para garantizar una salida democrática
y pactada a la crisis del modelo territorial del Estado". Claro que hay
que negociar, dialogar y pactar, pero desde una ruptura política y jurídica
para que pueda haber la soberanía en igualdad suficiente para que los acuerdos
sean firmes y reales entre las partes, sin que haya una prolongación de la
situación actual de dominio y dependencia que es lo que provoca la crisis.
¿Y si una parte no quiere dialogar, garantizar, ni pactar?
Resulta ni más ni menos que esa es, hasta el momento, la parte del gobierno y
del Estado. ¿Y si el Estado no quiere negociar la celebración de un referéndum
en Cataluña como es el caso? ¿Qué hay que hacer entonces desde la izquierda?
Nos hemos de plantear hasta que punto sirve la experiencia de
la II República que incumplió el Pacto republicanista de San Sebastián y negó después
la proclamación de la República Catalana. Sirve que la dictadura franquista negara
la realidad específica nacional de Cataluña, e incluso prohibiera el uso de la lengua
catalana. O que la Monarquía constitucional estructurara un Estado de las Autonomías,
de la mano de CiU, y que el sentimiento popular impulse con fuerza masiva la Independencia
y el Estado nuevo.
Cuando se indica que "el ejercicio del derecho a decidir
debe basarse en la voluntad de negociación con el Estado utilizando los
mecanismos legales existentes o acordando su reforma", ¿qué se dice y qué
se va a hacer cuándo es obvio que no hay tal voluntad de negociación ni de
reforma por parte del Estado?
La concepción de reforma es una pura ilusión a la que es posible
agarrarse ni como clavo ardiente. Es como si se borrara toda memoria histórica,
pues se habla "de dar una oportunidad al diálogo para un nuevo pacto, con
una profunda reforma de la Constitución en un sentido republicano, federal,
plurinacional, y solidario que incorpore el derecho a decidir de los pueblos
que componen el Estado. ¿Cuántas decenas de años hay que aguantar para dar esa
oportunidad? ¿Porqué el PSC, desde L'Hospitalet de Llobregat, empieza una campaña
por el NO a la Independencia, y a la Consulta libre, con un pacto municipal entre
el PSC, PP y PxC (plataforma racista de extrema derecha)?.
Hay que ver que precisamente para que pueda haber otra
Constitución, sea con reforma o con ruptura, se necesita la alianza firme entre
la clase trabajadora y con los pueblos que componen España, es decir los que
quieren seguir siendo España, y los que quieran ser Cataluña, País Vasco o
Galicia.
Otra incoherencia es mezclar "el siglo de las
soberanías compartidas... en el marco del Estado y de Europa". A no ser
que se considere compartir soberanía estar supeditados a las imposiciones de la
clase o del Estado más poderoso. Para que haya soberanía compartida democrática
tiene que ser un acuerdo entre soberanías libres, libremente decidido por las
partes en cuestión. Por lo tanto tiene que existir un punto de ruptura que empodere y consiga la soberanía inicial, en su aspecto político y jurídico.
El documento del acuerdo finaliza con "Trabajar
conjuntamente de manera coordinada por un modelo de Estado federal,
plurinacional, social y republicano, que incorpore el derecho a decidir".
Estaría muy bien si fuera el año 1977, cuando se cocía la
actual Constitución de 1978. Mucho ha llovido desde entonces. Resulta que en
Cataluña (para no citar a Euskadi que genera pulsiones indescriptibles), las
mayores, masivas y multitudinarias manifestaciones de 2010 y 2012 indican otra posibilidad de
modelo estatal: "Somos una nación y Nosotros decidimos",
"Libertad, Independencia, Nuevo Estado de Europa".
Francesc Matas Salla
Aliarse con esta marea democrática nacional popular hace
conveniente y necesario complementar la propuesta de Estado federal, con las de
Federación de Estados y Repúblicas, o confederación.
