9/10/10

El recorte salarial cuestionado en los Tribunales

Los sindicatos han instado demandas judiciales contra el recorte salarial a las y los empleados públicos. Cosa que vuelve a poner al rojo vivo la homologación del decreto de austeridad del gobierno Zapatero, votado en contra por la izquierda parlamentaria de IU-ICV-ERC en las Cortes, pero en cambio votado a favor en el Parlamento de Catalunya por parte de ICV-EUiA y ERC.

Esta vez la reaccionaria superviviente del TOP franquista, la Audiencia Nacional cuestiona el recorte salarial de los empleados públicos y se plantea elevarlo al Tribunal Constitucional.

Artículo de Manuel Altozano - Madrid - 07/10/2010

El conflicto de fondo es la rebaja salarial para los 1.750 trabajadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Pero podría afectar a los 709.491 trabajadores (no funcionarios) del sector público al servicio del Estado, las comunidades autónomas y los municipios. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha iniciado los trámites para preguntar al Tribunal Constitucional sobre la validez del recorte salarial establecido por el decreto ley de medidas extraordinarias de reducción del déficit, que estableció una rebaja salarial generalizada del 5% para funcionarios y empleados públicos y que aprobó el Gobierno el pasado 20 de mayo.

Esta reforma "podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical", así como "al derecho a la negociación colectiva". Esas dudas se basan en los requisitos que impone la Constitución al Gobierno para aprobar un decreto ley. El segundo requisito es que no afecte a ninguno de los derechos regulados en el Título I de la norma fundamental. Y el tribunal considera que el decreto de medidas urgentes puede vulnerar este último (los derechos regulados en el Título I de la norma fundamental). En primer lugar, porque las condiciones laborales de estos trabajadores están reguladas por convenio colectivo y modificarlas mediante el decreto ley podría afectar a la libertad sindical y al derecho a la negociación colectiva (ambos del Título I de la Constitución). En segundo lugar, porque el decreto excluye expresamente del recorte salarial "al personal laboral no directivo" de las sociedades públicas mercantiles RENFE, ADIF y AENA, lo que, según los sindicatos demandantes (UGT, CC OO y SATNP), vulneraría el principio de igualdad al tratarse de entidades de naturaleza similar a la Fábrica Nacional de Moneda.

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