24/10/13

Luchas obreras


Panrico.
De la Carta de La Aurora. En su política de engaño e intoxicación el gobierno pretende ocultar la crisis económica, los 6 millones de parados, la crisis institucional y el caso Bárcenas… mediante una orquestada campaña de que ya estamos saliendo de la crisis.
El descenso de la prima de riesgo, la subida de la Bolsa y que estén creciendo los beneficios de algunas grandes empresas parecería suficiente para que el gobierno del PP encontrara un cierto respiro. Pero la realidad es mucho más dura que todo eso.
Las empresas medianas y pequeñas siguen sin tener acceso a una financiación adecuada. Familias enteras se quedan en la calle desahuciadas por los bancos. Sigue aumentando el nivel de morosidad de las familias. A pesar de las mentiras del ministro Montoro, los salarios descienden y la precariedad va en aumento.
El gran capital y el capital financiero pueden estar viendo la ocasión de volver a sacar jugosas ganancias en España, repitiendo una vez más el círculo viciosos de la economía capitalista, pero la mayoría de la población sólo percibe el empeoramiento de su situación.
Como la crisis sigue, empresas anuncian cierres o reestructuraciones, o se aprovechan para rebajar salarios o empeorar condiciones de trabajo… surgen movilizaciones y luchas. Dos de ellas son muy emblemáticas.
Panrico, fabricante de los donuts y con una presencia importante en su capital de uno de esos fondos buitre, dejó de pagar la nómina de septiembre a la plantilla alegando falta de liquidez y que primero iba a pagar a los proveedores. Además, amenazó con un preconcurso de acreedores, poniendo encima de la mesa un plan de viabilidad que recoge el despido de 1.914 trabajadores/as y una reducción salarial para el resto de entre el 35% y el 45%.
La plantilla se movilizó y los sindicatos firmaron un acuerdo para que la nómina se pagara dentro de un tiempo. Pero a los trabajadores y trabajadoras de la factoría de Santa Perpetua de la Mogoda no les pareció un buen acuerdo y declararon una huelga indefinida.
No suelen tomarse decisiones tan firmes y exigentes, pero quizás se está llegando a una situación límite y en algún momento hay que decir ¡basta! Consideran que ellos han producido, que la empresa ha cobrado de sus clientes y que tienen el derecho a cobrar el esfuerzo de su trabajo. En la manifestación de solidaridad que transcurrió por el pueblo el 20 de octubre, uno de ellos lo expresaba gráficamente “y cómo pago la hipoteca y alimento a mi familia”.
Otra grave situación se presenta en Euskadi. Fagor ha presentado concurso de acreedores y está amenazado el empleo de unos 2.000 trabajadores. La crisis está arrasando con todo. En este caso, es la experiencia cooperativa de Mondragón que además de su empresa emblema puede arrastrar a todo el grupo y a su soporte financiero, seguros y Caja Laboral.

La movilización también ha salido a la calle exigiendo que no se cierren las factorías y se mantenga el empleo. Además de la dureza de la crisis la gravedad de la crisis financiera en España ha ido dejando a las empresas sin financiación, para salvar a la banca se está hundiendo buena parte del sistema productivo industrial. ¡Y a eso le llaman ir saliendo de la crisis!
Sin embargo, la dificultad para coordinar las luchas, para establecer un plan de movilización unificado, un plan de conjunto para enfrentarse al goteo de expedientes, de despidos, de cierres de empresas… agudiza aún más la dificultad de la clase trabajadora para responder.

El que cado uno busque la salvación por su lado no ha dado resultado. La reforma laboral y todas las modificaciones legales del gobierno del PP han convertido el derecho laboral en una herramienta de los empresarios. Se necesita coordinar las luchas, unificar los esfuerzos, golpear juntos para parar esta sangría de pérdida de empleos y de peores condiciones de trabajo.
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Estrasburgo acaba con la doctrina Parot.
El Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado al Estado español ha derogar la llamada “doctrina Parot” por la que alargaba la condena de los presos y presas más allá de los 30 años (la pena máxima del ordenamiento jurídico español)
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Ver blog de Jaume Asens y Gerardo Pisarello

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