En un registro bien diferente, el alcalde de Zaragoza, JuanAlberto Belloch (de Jueces para la Democracia, PSOE, ministro de Justicia y de
Interior en los últimos gobiernos de Felipe González), coge el toro por los
cuernos y hace de escudero del frente unionista contra la Consulta en Cataluña,
con la ingeniosa propuesta de suspensión de la mermada Autonomía catalana.
El tándem político mediático Felipe González y JL Cebrián
tampoco contemplan la Consulta en su propuesta de federalización estatal
coronada, porque "es imposible la independencia de Cataluña".
¿Qué dirán los muñidores de la Tercera vía catalana de Duran
Lleida (UDC) y Pere Navarro (PSC)? Además
de los hooligans del unionismo centralista llano y los del unionismo
federalista coronado, ¿Dónde va la tercera vía con Consulta de obligada unión o
de imposible separación?
El argumento de Belloch es meridiano. El futuro de España,
del Estado español y del Reino de España (los tres conceptos están como
denominación estatal en la Constitución de 1978), lo decidía España y no una
parte de España como es Cataluña. Siempre según la norma constitucional. Es
decir, como decidir el futuro de Cataluña unido o separado a España significa determinar
el de España, no es posible hacerlo. Es más, la Autonomía de Cataluña es una
institución del Estado español, según establece la Constitución de 1978. Esta Constitución
fue votada por la ciudadanía española, a partir del pacto gestado por los jerarcas
franquistas y los capos de las Finanzas con los partidos que auparon la segunda
restauración borbónica, representados por los denominados Padres de laConstitución*.
Para el federalismo unionista coronado o republicano, la situación
que en Cataluña la conciencia ciudadana democrática y pacífica, se exprese y
vaya en la "Vía hacia la independencia", reafirma que es
contraproducente la Consulta y que hay que prohibirla e impedirla.
Vamos a asistir a un choque tremendo entre la legitimidad de
la movilización ciudadana popular con la tendencia de fondo de estructurarse en
una nueva legalidad catalana soberana (de tintes rupturistas y en este sentido
revolucionaria) o el inmovilismo conservador y reaccionario de mantener la imposición
de una realidad totalmente superada de la Constitución de 1978; Carta magna sin
el Derecho a la autodeterminación y con la aseveración de una única nación
española indivisible que no reconoce la existencia diferenciada de las naciones
española, catalana, vasca y gallega, sin prejuzgar otros procesos territoriales
y de concienciación nacional.
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