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| Ilustración de El Roto. |
El imperativo legal para las izquierdas en política es la
necesidad, voluntad y mejora en las condiciones de vida de la población
trabajadora.
La austeridad con recortes selectivos por parte de las
izquierdas de la Junta de Andalucía -PSA e IU- está recorriendo como un
trallazo el sistema nervioso de IU, sacude EUiA y repercute en lo más recóndito
del cuerpo social.
Nadie defiende la bondad del recorte salarial, pero sí se
aplican y se justifica su necesidad
para evitar un mal mayor como la intervención.
Hemos de conseguir articular una reflexión serena, para
construir un diálogo positivo que sea útil. Como dice un twit del amigo
@manuelmoralesiu : "
Gente
de izquierda comprometida. Que se desahoguen diciendo lo que NO hay q hacer,
pero q se comprometan diciendo lo q SI". Necesitamos clarificación y
compromiso para que IU avance, con la coalición y el grupo parlamentario
estatal de la Izquierda Plural, de modo que el trecho que nos queda para la
refundación sea coherente, creíble, y se contamine del efecto Front de Gauche y
sobretodo de Syriza.
En un primer momento la estupefacción se mezclaba con el
temor, al menos en la asamblea de una ciudad industrial al lado de Barcelona en
que me encontraba el sábado, pero también había el respeto por lo decidido por
la afiliación en el referéndum. En el fondo afloraba un desacuerdo en que se
justifiquen los recortes, además emergía la indignación respecto a la
diferencia entre las propuestas para gobernar y una de las medidas con las que
se inaugura el gobierno.
Quizás lo más gráfico, lo que mejor refleja el ánimo de la
gente afiliada, sea la actitud de CCOO y UGT.
Inmediatamente después de las elecciones, CCOO y UGT
pidieron al PSA y a IU que formaran gobierno y que impidieran el gobierno de
Arenas y el PP. Esta posición sindical influyó mucho en el juicio y decisión de
la afiliación en el referéndum interno sobre el gobierno de la Junta.
Ahora son los mismos sindicatos quienes ponen el grito en el
cielo, con mucho tiento para no dar oxígeno al PP, ni exonerar la imposición de
los recortes que proviene del gobierno estatal del PP, y de los dictados de la
UE, de Berlín y del BCE.
CCOO y UGT de Andalucía han señalado a través de sus
dirigentes, que rechazarán las rebajas en los sueldos de los funcionarios, y
han anunciado distintas movilizaciones contra las políticas de recortes,
cosa que plantearan en la Mesa de la Función Pública: "no vamos a negociar
con ningún Gobierno ningún recorte", "ni muertos vamos a firmar un
recorte", en fin que no asumen el plan de ajuste aprobado por el Gobierno
andaluz. Los sindicatos tienen en cuenta que la rebaja de los sueldos de los
funcionarios y el aumento de impuestos, no supone despidos ni
privatizaciones, por esto critican el cinismo del PPA, pues son decisiones obligadas
por las políticas del Gobierno español del PP. Incluso han señalado
que no se sienten traicionados por el Gobierno andaluz, para agregar que
prefieren que gobierne la izquierda porque no aplica privatizaciones o ventas
de servicios públicos ni despide a funcionarios como hace el PP en España
y en otras comunidades.
El recorte es de 2.500 millones de euros del presupuesto de
la Junta de 2012 para cumplir con el objetivo de déficit público del 1,5 % para
las comunidades autónomas, esto afectará a complementos salariales de los
funcionarios y se traducirá en una subida de impuestos en los tramos más
elevados del IRPF y otros, no se tocarán Salud ni Enseñanza, no habrá despidos
ni privatizaciones. Sin embargo las rebajas son inmediatas, como la
paralización de obra pública, en cambio las medidas fiscales de ingresos tardarán
aún a ser efectivas.
Pedro Vaquero explica que hace falta una verdadera
revolución popular para enfrentar al ajuste impuesto por Merkel y aplicado por
Rajoy, al no haber margen de maniobra en los parámetros neoliberales.
Según Vaquero eso significa que mientras no haya revolución IU
se ve obligada a cumplir por imperativo legal, pues la responsabilidad de
gobernar implica asumir la contradicción de recortar. Ahora bien, la
responsabilidad de los recortes en principio no están en el cogobierno andaluz,
sino en el gobierno estatal del PP de Rajoy. No hay la posibilidad de incrementar
la Deuda, a pesar de ser Andalucía una de las CCAA menos endeudas. El recorte
de gastos es menor del anunciado, ¿se deberían recortar gastos sociales? El
ajuste de la Junta mantiene los servicios sanitarios y educativos y evita despedir
a unos 30.000 empleados públicos de la Junta. El no hacer este ajuste
presupuestario hubiera significado la intervención, con el bloqueo e
inhabilitación del gobierno recién escogido. Esto sería mucho peor.
En la argumentación de IU se alude a que esas medidas tienen
una sensibilidad hacia los servicios sociales y hacia la gente trabajadora que
no tendría la intervención del Estado.
Con estos argumentos y dilema a cuestas, sobre las espaldas
de la responsabilidad de gobernar, es claro que lo que la Junta consigue
mantener está muy bien -Enseñanza, Salud, puestos de trabajo- pero la rebaja de
los sueldos y la congelación de las inversiones van a resultar bien fatales.
¿Con qué nos quedamos? ¿Porqué no se podía contemplar
movilizar a la gente trabajadora implicada y a la ciudadanía? ¿Porqué no probar
de enfrentarse con la insumisión a las medidas estatales? ¿Era también
inevitable no convocar a la ciudadanía, por ejemplo con un Referéndum sobre las
medidas de los recortes? ¿Significa que al estar en el gobierno se tienen que
cumplir los imperativos estatales y de la UE, y eso se conoce el día después de
elegir al ejecutivo, pero no antes durante la campaña electoral o en la
negociación del programa gubernamental? ¿Porqué no se usa el gobierno para
movilizar y dar más fuerza a la población trabajadora?
La izquierda queremos disponer de representación
institucional y gobernar para favorecer a la ciudadanía trabajadora y a la desfavorecida
por esta sociedad, para eso queremos políticas que denominamos de izquierdas y
frenar las políticas de derechas, pero resulta que, ahora con la crisis, se
aduce que esas políticas de derechas son de imperativo legal y también las
tiene que cumplir y aplicar las izquierdas en el gobierno.
¿De qué nos sirve entonces el gobierno y esas izquierdas?
En esa paradoja de "recortar para gobernar", reside
el fondo de la crisis de la izquierda. La desafección ciudadana está reflejada
meridiana en las máximas del 15 M. "Que no nos representan, que no", "Fuera
los privilegios...", "No somos mercancía en manos de políticos y
banqueros", "Le llaman democracia pero no lo es".
Si al recortar y aplicar medidas de austeridad se estuviera
al mismo tiempo movilizando y subvirtiendo el sistema de dominación social y
del mercado, podría quizás entonces vislumbrarse una alternativa trabajadora y
popular a la crisis, pero no es el caso. Se aplican medidas que empeorarán al
crisis, y no se socava la fuerza de las clases dominantes, en ningún caso más
allá de lo que lo hace la propia crisis.
En la asamblea de la ciudad industrial mencionada la
principio, una persona que aseguró respetaba la decisión refrendada de formar
gobierno, lanzó la pregunta de "Sí en el referéndum la afiliación hubiera
sabido que la primera medida gubernamental incluiría el recorte de sueldos en
la función pública, ¿también habrían votado a favor de formar gobierno? Quienes
negociaron el programa y el gobierno, e hicieron la pregunta tendrían que haber
sabido que la gestión gubernamental para cumplir con la rebaja del déficit
sería más que dolorosa".
O quizás ¿Será que la austeridad y los recortes pueden ser
más aceptables o rechazables según los apliquen gobiernos de derechas o de izquierdas?
La realidad es que aunque en los gobiernos accedan unas izquierdas,
el Estado y las instituciones siguen siendo la estructura política del sistema
social de la clase dominante.
El debate y la reflexión supera la cuestión previa de si hay
que estar o no estar en los gobiernos, o en unas alianzas u otras, el fondo de
la cuestión está en qué políticas se aplican; es decir, para qué se debe formar
parte del gobierno.
Si no hay margen para combatir ciertos ajustes importantes,
impedir intervenciones estatales, imponer inversiones sociales y de
infraestructuras, el poder hay que alimentarlo desde la calle y desde el
parlamento para debilitar, condicionar y frenar las políticas impuestas por la clase
dominante. Si se accede al gobierno es para combatir mejor en el mismo sentido.
Para aplicar políticas que se enfrenten a la crisis desde la óptica social de
la clase y población trabajadora se necesita, des de fuera del gobierno o desde
dentro, movilizar y reforzar la fuerza trabajadora y ciudadana popular.
La socióloga Marina Subirats resume las conclusiones del
estudio y libro "Barcelona: de la necesidad a la libertad. Las clases
sociales en los albores del siglo XXI": “el futuro no está escrito. Está
en manos de la gente”.
El imperativo político y moral ha de ser la representación,
la participación y el mandato de las necesidades ciudadanas y trabajadoras.
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