Federalismo con derecho de Autodeterminación

Después de la manifestación

Federalismo con derecho de Autodeterminación

Un millón cien mil personas en manifestación el 10 de julio en Barcelona es una expresión ciudadana de un gran impacto político.

Treinta tres años después de la gran manifestación por el Estatuto de Autonomía, la población de Cataluña afirma su existencia como pueblo, como nación específica. Lo hace con los lemas "Somos una nación, nosotros decidimos". Es un grito de indignación y rechazo popular a la decisión del Tribunal Constitucional de no aceptar la reforma del Estatuto de Cataluña por inconstitucional, a pesar de haber sido aprobado en el Parlamento de Cataluña, aprobado como Ley por el Parlamento español, y por Referéndum en Cataluña.

Se cierra un ciclo

¿Qué pasa en Cataluña? La manifestación cierra un ciclo autonomista. No fue una manifestación anti-española, ni de la burguesía catalana. Fue una afirmación masiva nacional catalana, con la izquierda en su cabeza, incluidos todos los sindicatos obreros. De los siete millones trescientos mil habitantes de Cataluña participaron un millón cien mil. La movilización ciudadana obliga a plantear unas expectativas políticas que correspondan a esta vivencia popular, en base a los derechos democráticos de los pueblos.

La burguesía, tanto la española como la catalana, no han llegado a resolver una evolución democrática del Estado y de la Constitución española para incorporar la realidad política, económica, lingüística y cultural de la península ibérica. Al negarse por parte del Tribunal Constitucional la pluralidad existente en la realidad del Estado, el único camino que se ofrece es la imposición de una única nación española con la negación de las demás, o la variante de Nación de Naciones de tercer rango (nacionalidades según la Constitución).

La burguesía catalana, su representación política de la derecha nacional catalana, ha aceptado la relación política con y en el Estado español con un regateo económico continuo, temerosa a su vez de las clases trabajadoras catalanas a las que ha doblegado con los instrumentos militares e institucionales españoles. CiU con Jordi Pujol de presidente de la Generalitat de Cataluña durante veintitrés años, participó de lleno en la transición de la dictadura franquista a la monarquía parlamentaria, para respaldar los gobiernos estatales españoles de la derecha (Suárez, Calvo Sotelo, Aznar) y de la izquierda (Felipe González, ahora sus parlamentarios votan la política económica de ajuste de Zapatero). Esta burguesía catalana se siente limitada por los intereses económicos de la burguesía española, pero también muy presionada por las reivindicaciones sociales trabajadoras, con un mar de fondo de las aspiraciones democráticas populares de soberanía y derechos nacionales catalanes.

Las izquierdas españolas con el PSOE en el gobierno del Estado, primero con Felipe González y después con José Luis Rodríguez Zapatero, no han pretendido o no se han atrevido a promover un cambio de fondo en las relaciones con Cataluña, ni tampoco se han planteado una perspectiva más democrática en la Constitución. La relación de fuerzas institucional vertida en el articulado de la Constitución y en las Leyes fundamentales es netamente favorable al dominio nacional de la burguesía española frente a la catalana, revestido de constitucionalidad y tradición. La presión democrática catalana vehiculizada desde el PSC, llegó hasta la formulación de federalismo asimétrico con Pascual Maragall, que se convirtió en un atenuado federalismo de Nación de Naciones en las conclusiones del PSOE en Santillana. Ahora bien, fue esta minúscula apertura de corte federalista, en estado conceptual, la que dio pie a la reforma del Estatuto de Cataluña y los de todas las demás Autonomías.

La vía Autonomista Estatutaria

El PP ha recurrido al Tribunal Constitucional para cerrar el paso a la reforma del Estatuto de Cataluña, aprobada por los respectivos Parlamentos catalán y español. El Tribunal ha sentenciado que en el Estado español y en la Constitución se establece una sola y única nación, la española. Y así es. En vez de proponer actualizar la Norma legal a la realidad y aceptar con tolerancia los acuerdos parlamentarias que expresan de cierta manera la soberanía popular, se opta por negar la realidad y mantener e imponer una legalidad contra viento y marea social, democrática y soberana.

El gobierno del Estado, con el PSOE de Zapatero, ha aceptado la sentencia del Tribunal. Zapatero ha anunciado que se había finalizado la transformación del Estado de las Autonomías. Las promesas presidenciales de Zapatero a los derechos democráticos de Cataluña, es decir a lo que decidiera por amplia mayoría el Parlamento catalán, han quedado en la nada ante el imperativo de acatar la sentencia.

El presidente de la Generalidad de Cataluña, José Montilla, jefe del gobierno de un tripartito hegemonizado por el PSC (PSC, ERC, ICV-EUiA), manifestó su desacuerdo con esta sentencia, pero al mismo tiempo expresó que se tenía que acatar y que la acataría.

La vía del Estatuto, con la consiguiente descentralización administrativa, con un incremento de poder político, se ha agotado. Ha sido después del punto muerto que impregnó la tramitación de la reforma por parte del primer gobierno de las izquierdas tripartitas de Pascual Maragall, al que le siguió una lenta agonía de cuatro años que engulló al presidente Maragall y ha marcado al gobierno de Montilla.

El primer gobierno tripartito de las izquierdas catalanas consideró en su momento que no habían condiciones parlamentarias para una reforma directa de la Constitución española. La suma de las izquierdas y derechas nacional catalanas y vascas no llegaban ni de lejos a los mínimos requeridos para esta reforma, pues necesitarían el apoyo y el voto del PP.

Estas izquierdas han evitado conscientemente el recurso a la movilización y a la concienciación popular, a pesar de los enunciados literales de los pactos de gobierno tripartitos. En cambio se orientaron a intentar aprovechar las brechas legales constitucionales para conseguir cambios democráticos con las reformas de los Estatutos sin tener que modificar la Carta Magna. La izquierda transformadora también ha alimentado y ha basado su actuación política según este espejismo.

Un primer intento, el Plan Ibarretxe para Euskadi, fue bloqueado de cuajo en el Parlamento español. El segundo intento ha sido por parte del gobierno tripartito catalán del PSC, muy presionado por ERC, y con la anuencia del gobierno PSOE de Zapatero y de las Corte4s españolas. Como es notorio el Tribunal Constitucional ha convertido en ilusoria esta vía.

Un Estado plurinacional

Acerquémonos a lo ocurrido en la manifestación en Cataluña. El amplio rechazo popular aún ha de adquirir formas políticas definidas.

Los posicionamientos de los diversos estamentos sociales, de los poderes institucionales, de las diferentes clases sociales, de las organizaciones políticas y sindicales, empiezan a esbozar algunas de las posibilidades.

Las elecciones autonómicas del otoño también reflejarán parte de las consecuencias del impacto político de la movilización popular.

Al ocupar la calle como se hizo el 10 de julio se expresa la existencia de una realidad política bien diferente de la establecida por la legalidad institucional.

Desde la población trabajadora de la España de Madrid o Andalucía resulta difícil considerar poblaciones nacionales distintas de la española; es cuestión de adoptar una óptica democrática básica, para que cada base popular y trabajadora sea quien exponga su situación política y sentimiento nacional; por supuesto en vez de quien lo establezca sea la burguesía en general, o cada burguesía nacional.

Desde la población trabajadora de Cataluña se acepta la existencia de un Estado (en la actualidad es el Estado español constitucional monárquico) con varias naciones, por lo tanto plurinacional.

La manifestación del 10 de julio mantuvo un talante festivo, democrático, cívico y pacífico. Por supuesto por sus características estuvo inundada de banderas catalanas, con profusión de lemas y proclamas en torno a las libertades y la independencia.

Ahora bien, tenía más peso en la conciencia colectiva la idea de "poder decidir", y del ejercicio de los derechos democráticos, que la interpretación unilateral de que era una movilización por la independencia y por la constitución de un nuevo Estado.

Fuera de la manifestación y en contra de la misma, estuvieron el PP y la extrema derecha que defienden al pie de la letra el Estado constitucional actual de nación única indivisible.

Contrario a la manifestación estuvieron el gobierno español y el PSOE.

Dentro de la manifestación se encontró una amplísima representación cívica y política catalana. Desde los movimientos más locales, los sindicatos, todas las fuerzas políticas de la izquierda, hasta el presidente de la Generalidad del PSC. "Somos una nación, nosotros decidimos". "Rechazo a la sentencia".

La reafirmación principal y mayoritaria ha sido la de los derechos y libertades democráticas inherentes a Cataluña como nación.

Los movimientos independentistas, ERC, sectores catalanistas como el nuevo Reagrupament desgajado de ERC, o el movimiento Solidaridad Catalana que impulsa Laporta (antes presidente del F.C. Barcelona), candidaturas locales en todo el territorio, hacen una lectura de que se trataba de una manifestación por la independencia, y afirman que el pueblo catalán quiere ser independiente del Estado español. Las imágenes de los medios de comunicación abundan en esta visión.

Esta interpretación es aún parcial.

La componente política por la independencia y por un Estado propio es vivo y real entre la población de Cataluña, incluso más liderado por segmentos intermedios y con gran arraigo entre juventud combativa que por la propia burguesía.

En la misma manifestación había segmentos sociales muy numerosos que ven la posibilidad de convivencia en un sólo Estado, pero con la concepción de que se resuelvan los conflictos y choques democráticos. Quizás como una Autonomía más completa, incluso con graves limitaciones democráticas patentes como representaba el Estatuto que han dinamitado (no se establecía el "derecho a decidir", ni un Fuero como en Euskadi o Navarra).

Una tercera expresión política que emerge es la concepción federalista, con un Estado federal, o un pacto federal entre las naciones actuales, o incluso entre Estados nuevos.

Unidad trabajadora

La izquierda trabajadora es la gran interesada en una resolución democrática de la contradicción y confrontación nacional. A la clase trabajadora española le es imprescindible debilitar a la burguesía española y al Estado burgués. Para esto necesita también reforzar su solidaridad y sus lazos con la clase trabajadora catalana, y ésta necesita pasar cuentas con su burguesía, sea nacional española o nacional catalana. Es tarea de la izquierda trabajadora española invertir una situación de división en su seno para conseguir una firme unidad entre la clase trabajadora española y la catalana y no convertirse en un ariete conservador y reaccionario nacional-españolista de la clase dominante burguesa española, o de la izquierda temerosa que adopta sus postulados nacionales. Para conseguirlo esta izquierda ha de ser una firme defensora de los derechos democráticos, incluidos los nacionales, para que sean un factor de división burguesa en el choque de sus intereses económicos pero no provoquen recelos y enfrentamientos entre las clases trabajadoras.

El derecho democrático

Se usa con desenfado y cierta naturalidad la asimilación del derecho a la autodeterminación como si ya fuera la misma independencia. El derecho a la autodeterminación implica el derecho a la independencia, el derecho a independizarse de forma unilateral, el derecho a conseguir un Estado propio diferenciado; este Estado distinto puede en teoría establecer relaciones federadas, confederadas, o ninguna relación. Pero en la actualidad se considera desde el punto de vista institucional político, pero en el marco de Europa, y sin extenderlo a los parámetros económicos fundamentales.

Ahora bien, con el mencionado derecho (a la autodeterminación, o el resumido "a decidir"), lo que se establece es la consulta soberana ciudadana a disponer de un Estado o no, o sobre las relaciones con otro u otros Estados.

En la mayoría de la población española está muy arraigada la conciencia de que esta consulta la tienen que decidir toda la gente española y no sólo una parte de población. Aquí reside uno de los equívocos fundamentales que ha labrado la burguesía. La concepción democrática implica que cada pueblo ha de decidir sobre su futuro, y que un pueblo no ha de decidir por otro. Es más, el pueblo, y mejor la clase trabajadora, de la nación y población mayoritaria y dominante, se debe aliar a conciencia con la parte minoritaria supeditada en el aspecto nacional, precisamente contra la burguesía de la nación dominante reconocida de motu propio como nación única.

Dentro de la conciencia de las clases populares catalanas, es decir en el conjunto del pueblo de Cataluña, hemos de poner especial atención en deslindar los intereses de la clase dominante, la burguesía con todas sus capas, y en la clase trabajadora mayoritaria pero profundamente dividida en el sentimiento de pertenencia nacional (una de cuyas expresiones vivenciales es una lengua materna distinta).

Se ha planteado que la manifestación al ser democrática nacional era de la burguesía catalana. Pues resulta que el liderazgo de la burguesía catalana en los derechos nacionales se da de bruces con los límites de asegurar sus privilegios y la explotación de la mayoría trabajadora; la burguesía catalana necesita el Estado burgués existente, el español.

Sin ir más lejos, los veintitrés años de presidencia de Cataluña por parte de CiU, estuvieron marcados por una adaptación completa a la Autonomía de la Constitución monárquica, junto a los patos y apoyo a las políticas neoliberales de los gobiernos españoles, incluido el del PP de Aznar.

La propaganda de Artur Mas -actual líder de CiU- de un Referéndum y una Independencia en dos legislaturas, en ocho años, es aún propaganda política para aprovechar la manifestación y conseguir retornar al gobierno de la Generalidad.

La innovadora y rupturista movilización por las Consultas locales populares sobre Independencia SI o NO, han representado un revulsivo en el anquilosado entramado que inmoviliza y monopoliza las posibilidades de ejercer la soberanía popular. Estas consultas han obtenido resultados limitados pero han sido importantes al abrir unas expectativas democráticas. Como la manifestación del 10 de julio tuvo unos parámetros de participación inmensamente superiores, no se pueden hacer equiparaciones toscas, pero las consultas han llegado a dar una expresión política a la propuesta para la Independencia. Los puntos débiles son que no consiguen agruparse en una sola coalición y tampoco disponen de un apoyo activo de las organizaciones de la clase trabajadora. ERC plantea una consulta a referéndum general para la independencia a cuatro años, pero tampoco aglutina las diferentes propuestas independentistas. Joan Herrera de ICV (cabeza de lista de la Coalición ICV-EUiA)propone un Referéndum con tres opciones a elegir: a) Autonomía, b) un Estado dentro de una federación española, c) independencia.

Entre la clase trabajadora una parte entronca con propuestas independentistas, otra con las autonomista, y una tercera con las federalistas.

Federalismo con derecho de autodeterminación

Para una tendencia marxista revolucionaria como somos el POR, es fundamental la unidad trabajadora, para fortalecer su lucha social y política contra la explotación de la burguesía y el dominio del Estado burgués.

El dilema es que esta unidad entre segmentos trabajadores de diferentes orígenes, lengua, cultura y religión, se ha de conseguir también en ofrecer perspectivas a las necesidades democráticas y al sentimiento nacional de cada población, según sus mayorías internas y el respeto por el conjunto.

De hecho, una revolución democrática implica profundizar en la soberanía popular sin otros condicionantes de los que quiera y decida cada pueblo-nación, con instrumentos democráticos sin interferencias de otros pueblos-nación y Estados. Y una sociedad socialista ha de incluir la resolución y superación de los conflictos democráticos nacionales.

Ejercer el derecho a la autodeterminación por consulta democrática ciudadana es la mejor forma para que todo el mundo esté dispuesto a aceptar el veredicto popular.

Esto significa que un liderazgo de la clase trabajadora por los derechos democráticos nacionales ha de contar con el apoyo, o en algunos casos como mínimo con la neutralidad, de la clase trabajadora en el conjunto del Estado español.

La vía de una relación federal en igualdad entre los pueblos, establecida libremente, sin supeditaciones de dominación nacional, ni de limitaciones a la lengua y a la cultura, puede ser la que permita unir a cada sector trabajador nacional, y debilitar a las burguesías española y catalana.

La propuesta federalista con derecho a la autodeterminación (derecho a la separación) y la independentista podrían hacer un trecho de camino juntas por la igualdad democrática entre los pueblos.