Vaciar a los ayuntamientos

De la Carta de La Aurora. La Ley de Bases: menos municipalismo, menos democracia,menos derechos. La reforma de la ley de administraciones locales impuesta por el PP representa un ejemplo más de las políticas de recortes en lo económico, lo social y lo democrático del Gobierno de Rajoy. Sin embargo, aunque esta reforma representa un paso cuantitativo en la línea emprendida, es también un paso cualitativamente muy significativo. Tras la supuesta racionalización del sistema de administraciones, se esconde un intento de vaciar a los ayuntamientos de toda capacidad de gestión económica y política para convertirlos en meros apéndices de instituciones más manejables por parte de los intereses económicos predominantes. Y es que no hay que olvidar que las referencias a la necesidad de modificar las administraciones públicas están en el Memorándum de la Troika.

El municipalismo ha representado a lo largo de los últimos 35 años un elemento central de la democracia. Su facultad de intervención directa para mejorar la vida de los ciudadanos y a la vez, la de posibilitar la participación también directa de éstos en los asuntos públicos constituyen uno de sus rasgos más relevantes. Esta capacidad de retroalimentación ha estado, en buena parte, en la base de las llamadas competencias impropias, esa batería de servicios que se prestan desde la administración local sin financiación específica que los respalde, pero que el tiempo ha consolidado como parte indisoluble de su gestión, de su esencia y de su desarrollo. En este contexto se enmarcan las históricas reivindicaciones de una financiación municipal que superara el exiguo 13 % del gasto público total (la media europea es del 24 %) y que permitiera, por un lado, dar carta oficial de naturaleza a tales prestaciones y por otro, posibilitara su mantenimiento y mejora sin tener que echar mano de malabarismos económicos y de marcos económicos coyunturales favorables, como fue la etapa del ladrillo.

Frente a estas demandas, el gobierno del PP ha decido actuar justo en la dirección contraria: retirada competencias, pérdida de autonomía y control económico férreo. Cabe recordar en este punto que las administraciones locales sólo representan el 4 % de la deuda pública española, pero que se verán privadas de los más de 8.000 millones de € que hasta ahora se traducían en atención social de carácter primario, violencia de género, escuelas infantiles o logopedas. Estas tareas serán supuesta y totalmente asumidas por las CCAA, quienes a su vez, tendrán que recortar otros 8.000 millones de € de sus presupuestos entre 2014 y 2015. Ello plantea una cuadratura del círculo que descubre lo evidente: no se pretende una racionalización de competencias y gasto, se quieren desmantelar servicios que son sinónimo de derechos. Especialmente duro es el caso de los servicios sociales, que suponen unos 5.000 millones de los 8.000 millones de gastos municipales antes mencionados y que están literalmente condenados a desaparecer. La reforma implica además la práctica liquidación de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y la pérdida de unos 300.000 empleos en todo el Estado.

Frente a la reforma de la ley de bases, 2.000 alcaldes se han manifestado en contra, mientras que desde numerosos colectivos y asociaciones, así como desde las fuerzas sindicales y políticas de izquierda se está intentando poner freno al proceso. La propia Confederación de Asociaciones de Vecinos, con el apoyo de la Cumbre Social de Madrid, que aglutina plataformas, organizaciones sociales y sindicatos, convocó una manifestación el pasado día 30 de octubre contra la norma y a favor del municipalismo. Ese día, en muchos pueblos y ciudades se desarrollaron acciones bajo el lema “Abraza tu ayuntamiento”. Se trataba de hacer patente que la defensa de los ayuntamientos representa una lucha fundamental a favor de nuestro escaso patrimonio democrático y de los derechos ciudadanos que, una vez más, la derecha quiere llevarse por delante.