15/2/13

¿Transición catalana desde la legitimidad de la movilización ciudadana?


Una semana de un gran pequeño éxito con la presión movilizadora de la PAH. Una semana de innumerables movilizaciones. Una semana en que se configuran unos órganos nombrados para la transición catalana.
El PP se ha visto obligado a retroceder. El Congreso ha admitido a trámite la ILP. Además, el portavoz del PP ha sido bien desautorizado por la denuncia de la PAH en el mismo hemiciclo. El "Procedan a expulsarlos, expúlsenlos, ¡coño!" del presidente del Parlamento muestra la hipocresía de la criminalidad de los que deciden y ejecutan los desahucios. Poco antes el "Criminal" de Ada Colau, portavoz de la PAH, llenó el sentimiento y la predisposición de todos los hogares en España.
Ahora, sobre las hipotecas, queda la tercera tanda de atacar el pico de la montaña. La movilización necesita de la rebeldía profunda y masiva ciudadana para imponer los plazos de la ley propuesta en la ILP. Los señores de las Finanzas y de los Bancos, la gran propiedad, sus sirvientes los poderes del Estado y gubernamentales no van a permitir perder terreno. Un metro cuadrado y un valor en vivienda vale más que cualquier vida en la sociedad del libre mercado de la propiedad privada.
El gobierno catalán de CiU acaba de constituir tres órganos significativos en clave de celebración de la consulta para decidir el futuro de Cataluña, de la Autonomía catalana y de las relaciones con el Estado español.
Un Consejo Asesor de la Transición Nacional. Es un organismo de expertos para explorar las vías legales jurídicas, y sobre futuras posibles estructuras de Estado catalán; el escollo está en torno a construir legalidad desde la legitimidad de una consulta democrática, pues el gobierno del PP de Mariano Rajoy, niega que se haga un Referéndum.
Al mismo tiempo se anuncia un pacto nacional entre los grupos parlamentarios sobre el derecho a decidir. En el Parlamento, en vez de la Comisión en la que se tratara todo sobre la consulta -una comisión amplia con Entidades ciudadanas, sociales y sindicales-como ha ido planteando la coalición ICV-EUiA, se ha constituido una Ponencia parlamentaria, más limitada sin participación, pero que sigue el camino para la consulta.
La coalición ICV-EUiA ha decidido no poner su firma en la constitución de esta Ponencia. Parece que ha sido para no quedar demasiado determinada por las imposiciones y la foto con CiU, sin embargo se piensa participar en sus trabajos. La imagen pública que ha resultado, con la amplificación de los medios que son afines al poder de CiU, ha sido de pataleta parlamentarista y de quedarse la coalición aislada. La CUP e incluso el PSC ha firmado la constitución de esta Ponencia.
El proceso desde el gobierno y el Parlamento catalán se trata nominalmente como de transición, pero en los hechos se separa de la participación ciudadana, como si se pudiera progresar sin una potente movilización y conciencia que consolide la legitimidad de las decisiones democráticas y permita transformarse en legalidad.
El proceso de transición política e institucional catalán debe representar una clara ruptura política con el Estado monárquico de las Autonomías fallidas, y con una Constitución que no admite la libre decisión democrática de los pueblos del Estado. Un proceso constituyente debe pivotar en el protagonismo ciudadano y social.

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