Una semana de un gran pequeño éxito con la presión movilizadora de la PAH. Una semana de innumerables movilizaciones. Una semana en que se configuran unos órganos nombrados para la transición catalana.
El PP se ha visto obligado a retroceder. El Congreso ha
admitido a trámite la ILP. Además, el portavoz del PP ha sido bien
desautorizado por la denuncia de la PAH en el mismo hemiciclo. El "Procedan
a expulsarlos, expúlsenlos, ¡coño!" del presidente del Parlamento muestra
la hipocresía de la criminalidad de los que deciden y ejecutan los desahucios.
Poco antes el "Criminal" de Ada Colau, portavoz de la PAH, llenó el
sentimiento y la predisposición de todos los hogares en España.
Ahora, sobre las hipotecas, queda la tercera tanda de atacar
el pico de la montaña. La movilización necesita de la rebeldía profunda y
masiva ciudadana para imponer los plazos de la ley propuesta en la ILP. Los
señores de las Finanzas y de los Bancos, la gran propiedad, sus sirvientes los
poderes del Estado y gubernamentales no van a permitir perder terreno. Un metro
cuadrado y un valor en vivienda vale más que cualquier vida en la sociedad del
libre mercado de la propiedad privada.
El gobierno catalán de CiU acaba de constituir tres órganos
significativos en clave de celebración de la consulta para decidir el futuro de
Cataluña, de la Autonomía catalana y de las relaciones con el Estado español.
Un Consejo Asesor de la Transición Nacional. Es un organismo
de expertos para explorar las vías legales jurídicas, y sobre futuras posibles
estructuras de Estado catalán; el escollo está en torno a construir legalidad desde
la legitimidad de una consulta democrática, pues el gobierno del PP de Mariano
Rajoy, niega que se haga un Referéndum.
Al mismo tiempo se anuncia un pacto nacional entre los
grupos parlamentarios sobre el derecho a decidir. En el Parlamento, en vez de
la Comisión en la que se tratara todo sobre la consulta -una comisión amplia
con Entidades ciudadanas, sociales y sindicales-como ha ido planteando la
coalición ICV-EUiA, se ha constituido una Ponencia parlamentaria, más limitada
sin participación, pero que sigue el camino para la consulta.
La coalición ICV-EUiA ha decidido no poner su firma en la
constitución de esta Ponencia. Parece que ha sido para no quedar demasiado
determinada por las imposiciones y la foto con CiU, sin embargo se piensa
participar en sus trabajos. La imagen pública que ha resultado, con la
amplificación de los medios que son afines al poder de CiU, ha sido de pataleta
parlamentarista y de quedarse la coalición aislada. La CUP e incluso el PSC ha
firmado la constitución de esta Ponencia.
El proceso desde el gobierno y el Parlamento catalán se
trata nominalmente como de transición, pero en los hechos se separa de la participación
ciudadana, como si se pudiera progresar sin una potente movilización y
conciencia que consolide la legitimidad de las decisiones democráticas y
permita transformarse en legalidad.
El proceso de transición política e institucional catalán
debe representar una clara ruptura política con el Estado monárquico de las Autonomías
fallidas, y con una Constitución que no admite la libre decisión democrática de
los pueblos del Estado. Un proceso constituyente debe pivotar en el
protagonismo ciudadano y social.
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