La carta de La Aurora analiza y señala alternativa en función del cambio de conciencia operado ante la erupción de corrupción en la cúpula del PP y del gobierno de Rajoy.
Las palabras ya no son suficientes para
expresar la indignación frente a lacorrupción. La publicación de los pagos a los dirigentes del PP ha agudizado lacrisis política que acumula elementos para convertirse en un estallido, el más
reciente la imputación de Oriol Pujol, de CiU. Pasar de las palabras a los
hechos es lo que han hecho centenares de personas ante las sedes del PP o las
casi 900.000 firmas reunidas por internet. El presidente del gobierno está
implicado. Lo está la cúpula del PP. El periódico Financial Times analiza
España como: “en un momento en que casi todas sus instituciones, desde la
monarquía hasta el poder judicial, muestran signos de putrefacción.”
Se trata de la acumulación, hasta un
grado insoportable, de la relación corrupta entre los poderes públicos y
algunas empresas. Las empresas, los promotores inmobiliarios o directamente
sectores mafiosos “compran” a los dirigentes políticos y éstos, o gente
aledaña, se enriquecen de las comisiones cobradas o directamente del propio
Estado. No resulta sorprendente que Ferrovial aparezca implicada en la
corrupción en el PP y en CiU.
Corrupción y capitalismo es una ecuación
básica en el funcionamiento del sistema pero tiene unos límites que apenas
existen en España. Es el resultado de la debilidad de las libertades y de los
controles sobre los poderes públicos y privados y también, hay que decir, de la
debilidad de la cultura democrática, que toda esta crisis está empezando a
cambiar.
La exigencia de transparencia, que
dimitan los corruptos, que se establezcan controles reales sobre las
instituciones y las empresas… y el hartazgo general de haber sido engañados por
este gobierno. Engañó al aplicar unas políticas que no había anunciado en su
programa electoral; anunció que si gobernaba mejoraría la economía, y ya
llegamos a 6 millones de parados y paradas; prometieron honorabilidad mientras
que pagaban en dinero negro a sus dirigentes; recortan derechos básicos mientras
se pagan un sobresueldo. La población tiene derecho a decidir qué hacer con el
actual presidente y su gobierno. Seguir la presión movilizadora para que se
sepa la verdad y para que se convoquen nuevas elecciones. Es una medida de
salud democrática. Por eso hay que seguir construyendo una alternativa política
que sea la confluencia entre la indignación, el sindicalismo y una alianza de
fuerzas políticas que incluya a las soberanistas e independentistas. 5 defebrero de 2013.
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