La multitudinaria manifestación de la
oposición venezolana el 12 de febrero ha dado paso a un clima de guerra civil,
inseguridad y golpismo que busca deslegitimar y acabar con el Gobierno Maduro,
después de que ratificase su victoria electoral presidencial de abril de 2013
en las municipales del pasado mes de diciembre. Lo que la oposición no
consiguió con Capriles en las urnas, lo quiere conseguir ahora con López en la
calle.
No cabe la menor duda que en Venezuela se
esta volviendo a repetir el pulso entre la Revolución bolivariana y la reacción
opositora. Pero la situación económica y social que ha sido el caldo de cultivo
de esta polarización es en buena medida consecuencia de la errática política económica
del Gobierno Maduro y de su opción de hacer frente al pulso proponiendo un
pacto social y político con la burguesía opositora, cuando el objetivo de esta
es simplemente derrocar al gobierno bolivariano en la calle.
Tras la devaluación de la moneda, una
inflación del 56% -de las más altas del mundo- ha erosionado los salarios
obreros, que solo han aumentado un 10%; la política de cambio de divisas
gubernamental ha inflado una burbuja especulativa en el mercado negro paralelo
del dólar; y la falta de control sobre el comercio exterior ha acabado
provocando un desabastecimiento generalizado. En las calles es la confrontación
con la movilización social de la derecha; en las fábricas y los barrios con la
burguesía especuladora y evasora de capitales.
En esta situación explosiva, la
Revolución bolivariana necesita salir del impasse del Gobierno Maduro y los
llamamientos internacionales a un gobierno de coalición con la oposición que
implicaría un plan de ajuste neoliberal. La alternativa es un Plan Económico y
Social de Emergencia como el que exigen los trabajadores del automóvil y del
petróleo, la escala móvil de salarios frente a la inflación, la nacionalización
del comercio exterior, la creación de una banca pública bolivariana y la
extensión del control obrero en las fábricas y en los comercios, así como el
reforzamiento del poder comunal.
Y en la calle, la policía, las milicias y
el ejercito deben garantizar las libertades de la Constitución Bolivariana,
poniendo fin a las provocaciones de los que la propia oposición considera
“infiltrados”, y que no son sino la trama organizada del golpismo fascista. De
la Carta semanal de La Aurora.
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