Una Consulta para decidir sobre el Estado español y Cataluña está acordada por el Parlamento catalán. El gobierno y el Estado español rechazan esta Consulta por ilegal, por no ser acorde con la Constitución que hace a España, y a la nación española, indivisible.
En general está asentada la
concepción, incluso entre quienes denuncian o rechazan la Monarquía, que el
Estado es algo único, que esta unidad estatal beneficia a la población
española, a todos los pueblos y naciones, y a la clase trabajadora en
particular.
En cambio en Cataluña el más profundo,
masivo y sentido movimiento de masas de la población en general y de la clase
trabajadora, en las grandes urbes y en los pueblos, lo considera muy distinto,
pues se plantea que "Somos una
nación, Nosotros decidimos", y quiere la "Libertad, Independencia,
Nuevo Estado de Europa". En el País Vasco es muy parecido. Navarra le va a
la zaga. En Galicia se agita y sube esta ansia de libertad nacional.
Entre las izquierdas, en el PSOE o en IU,
se acepta que hay pueblos diferenciados, pero se entiende como una sola nación,
a lo sumo una nación de nacionalidades, y con mucho esfuerzo un Estado
plurinacional. Se llega a una especie de asimilación entre población
trabajadora, pueblo, nación y Estado. El razonamiento del silogismo conduce a
que la ruptura del Estado sería lo que dividiría a las naciones, la cohesión
social del pueblo y sería perjudicial para la clase trabajadora. UPyD hace de
ariete nacional-españolista contra la izquierda para agravar la población
trabajadora según la pertenencia nacional de cada persona.
Entre la mayoría de las izquierdas
españolas impera que pueda haber una Consulta para decidir, a condición de que
sea legal y de que no signifique la secesión de la población consultada, es
decir que no conduzca a la ruptura estatal.
Hace unas semanas el acuerdo entre IU,
ICV y EUiA, rompió con estos condicionamientos a favor de una práctica
democrática consecuente, donde lo fundamental es lo que quiere la ciudadanía y la
población. La Consulta para decidir se convierte en la clave de las relaciones
entre los pueblos, naciones y Estados. Cada pueblo ha de poder decidir lo que
considere y establecer su relación política e institucional con los demás
pueblos.
Es en las tres cuartas partes de la
población de España, en el actual Estado español con la Monarquía, que está
bien asentada la idea que el Estado beneficia al conjunto. En Cataluña lo que
se ha afincado en el imaginario popular es el "España nos roba".
En esta esquemática simplificación de
unos mitos muy populares hay algo de verdad y mucho de mentirosa demagogia.
La Consulta en Cataluña es una necesidad
política ineludible. Esa Consulta se legitima por el apoyo de masas. El
resultado de lo que se decida ha de poder ser vinculante y convertirse en
legal. Somos parte de un choque entre legitimidades y legalidades. ¿Puede el
gobierno del Estado imponer la Constitución de 1978 por encima de las
decisiones populares y del parlamento catalán de 2013? ¿Es más legítima la decisión
del pueblo español sobre España y Cataluña y sobre el pueblo catalán, o la
decisión del pueblo catalán sobre Cataluña y su relación con España?
En la Mesa de debate del 20 Congreso del
POR, "La libertad nacional y los procesos constituyentes", vamos a
establecer mejor esta orientación política, en diálogo con las experiencias
representadas por SORTU y EH Bildu, ANOVA y AGE, y las concepciones ideológicas
que formamos parte de los proyectos de IU, de la Izquierda Plural y de EUiA,
como es la CUT de Andalucía, el PCC y el POR.
De la Carta de La Aurora, 20 Congreso POR.
De la Carta de La Aurora, 20 Congreso POR.
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