Se abre un abanico de posibilidades en las opciones de
constituir una nueva legalidad democrática catalana: hacer un proceso genuino
de soberanía con una legalidad unilateral, o conseguir un acoplamiento entre la
legalidad española y la catalana, o seguir punto por punto la legalidad
española de la Constitución de 1978 con el Estado del Reino de España.
Una primera meta está establecida para el 9 de noviembre de
20124.
El acuerdo sobre la Pregunta y la fecha de la Consulta entre
CiU, ERC, ICV, EUiA y CUP se basa en la declaración de soberanía del Parlamento
de hace un año, en enero de 2013. La fuerza y el contenido de la Pregunta
desdoblada radican en las movilizaciones del clamor ciudadano popular masivo
del 10 de julio de 2010, y los Once de septiembre de 2012 y 2013.
Lo que se llama "el proceso", para referirse a
ejercer del derecho a la autodeterminación así como el reto marcado desde la Vía catalana
hacia la independencia, es un camino de grandes expectativas y empedrado de
poderosos obstáculos.
Una de las dificultades es la grave política de recortes de
la componente del pueblo representada por CiU. Recortes y privatizaciones, o
aumento del coste del transporte público, que golpean a la mayoría popular y
sólo benefician a una ínfima minoría adinerada. Esta política económica y
social, alineada con la del PP del gobierno estatal, rompe la fuerza
trabajadora y popular.
El otro escollo es la concepción jurídica y política del
poder de España coronado al negar la posibilidad de soberanía catalana o de
votar sobre lo que quiere la ciudadanía de Cataluña. El PP hace causa nacional
común con el PSOE para negar la realización de la Consulta en Cataluña.
La Pregunta escogida, sobre el Estado y la independencia, ha
levantado ampollas sobre todo en las fuerzas políticas que no quieren la
Consulta, el PP, PSOE, UPyD y C's. Estos partidos no quieren ninguna
independencia, porque en primer lugar lo que de ninguna manera quieren es un
cambio democrático de la Constitución de 1978, de la Monarquía y del Estado
actual. IU en el Estado defiende la Consulta y lo que se decida por la
ciudadanía.
Esta actitud ha provocado que haya calado en la conciencia
ciudadana que las opciones de un acuerdo entre España y Cataluña, o de la
legalidad española con una reforma Constitucional, no incluirían la aspiración
de libertad soberana catalana. La ciudadanía movilizada no ve posibilidades que
permitan realmente un encaje libre entre Cataluña y España. Para asegurarse de
que futuras relaciones puedan ser en libertad y desde la igualdad soberana, es
porque la opción hacia la independencia gana adeptos cada día. La opción contra
la independencia se percibe como el mantenimiento de la situación actual. La
población trabajadora es quien más beneficiada va a resultar en una ruptura que
debilite los poderes establecidos, para introducir las necesidades sociales
dentro de una nueva legalidad.
Corre la voz de que "la Consulta no se hará"
porque no la dejarán hacer. Sin embargo una perspectiva sin Consulta, lleva al
Plan B al que llama la ANC de elecciones plebiscitarias con, en su caso, una
declaración unilateral de independencia, o a una frustración y derrota de la
aspiración nacional catalana.
No habrá un encaje libre aceptado sobre el hecho de que
España lograra imponerse como único Estado de obligada unión a Cataluña y el
País Vasco. No habría así resolución democrática del conflicto de legalidades y
soberanías. Tampoco beneficiaría a las izquierdas, ni a la población
trabajadora, la ganancia de los poderes de la reacción estatal monárquica
española.
Es fundamental concienciar y movilizar para conseguir la
Consulta. En eso radica la fuerza de la izquierda y de la ciudadanía empoderada
desde la legitimidad popular a una nueva legalidad. Legalidad que para
convertirse democrática deberá ser en primer lugar republicana, y para llegar a
la mayoría popular habrá que incorporar el decisivo factor social.
Del Boletín electrónico de EUiA.
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