21/1/14

Abanico de posibilidades de legalidad catalana y española

Se abre un abanico de posibilidades en las opciones de constituir una nueva legalidad democrática catalana: hacer un proceso genuino de soberanía con una legalidad unilateral, o conseguir un acoplamiento entre la legalidad española y la catalana, o seguir punto por punto la legalidad española de la Constitución de 1978 con el Estado del Reino de España.
Una primera meta está establecida para el 9 de noviembre de 20124.
El acuerdo sobre la Pregunta y la fecha de la Consulta entre CiU, ERC, ICV, EUiA y CUP se basa en la declaración de soberanía del Parlamento de hace un año, en enero de 2013. La fuerza y el contenido de la Pregunta desdoblada radican en las movilizaciones del clamor ciudadano popular masivo del 10 de julio de 2010, y los Once de septiembre de 2012 y 2013.
Lo que se llama "el proceso", para referirse a ejercer del derecho a la autodeterminación  así como el reto marcado desde la Vía catalana hacia la independencia, es un camino de grandes expectativas y empedrado de poderosos obstáculos.
Una de las dificultades es la grave política de recortes de la componente del pueblo representada por CiU. Recortes y privatizaciones, o aumento del coste del transporte público, que golpean a la mayoría popular y sólo benefician a una ínfima minoría adinerada. Esta política económica y social, alineada con la del PP del gobierno estatal, rompe la fuerza trabajadora y popular.
El otro escollo es la concepción jurídica y política del poder de España coronado al negar la posibilidad de soberanía catalana o de votar sobre lo que quiere la ciudadanía de Cataluña. El PP hace causa nacional común con el PSOE para negar la realización de la Consulta en Cataluña.
La Pregunta escogida, sobre el Estado y la independencia, ha levantado ampollas sobre todo en las fuerzas políticas que no quieren la Consulta, el PP, PSOE, UPyD y C's. Estos partidos no quieren ninguna independencia, porque en primer lugar lo que de ninguna manera quieren es un cambio democrático de la Constitución de 1978, de la Monarquía y del Estado actual. IU en el Estado defiende la Consulta y lo que se decida por la ciudadanía.
Esta actitud ha provocado que haya calado en la conciencia ciudadana que las opciones de un acuerdo entre España y Cataluña, o de la legalidad española con una reforma Constitucional, no incluirían la aspiración de libertad soberana catalana. La ciudadanía movilizada no ve posibilidades que permitan realmente un encaje libre entre Cataluña y España. Para asegurarse de que futuras relaciones puedan ser en libertad y desde la igualdad soberana, es porque la opción hacia la independencia gana adeptos cada día. La opción contra la independencia se percibe como el mantenimiento de la situación actual. La población trabajadora es quien más beneficiada va a resultar en una ruptura que debilite los poderes establecidos, para introducir las necesidades sociales dentro de una nueva legalidad.
Corre la voz de que "la Consulta no se hará" porque no la dejarán hacer. Sin embargo una perspectiva sin Consulta, lleva al Plan B al que llama la ANC de elecciones plebiscitarias con, en su caso, una declaración unilateral de independencia, o a una frustración y derrota de la aspiración nacional catalana.
No habrá un encaje libre aceptado sobre el hecho de que España lograra imponerse como único Estado de obligada unión a Cataluña y el País Vasco. No habría así resolución democrática del conflicto de legalidades y soberanías. Tampoco beneficiaría a las izquierdas, ni a la población trabajadora, la ganancia de los poderes de la reacción estatal monárquica española.
Es fundamental concienciar y movilizar para conseguir la Consulta. En eso radica la fuerza de la izquierda y de la ciudadanía empoderada desde la legitimidad popular a una nueva legalidad. Legalidad que para convertirse democrática deberá ser en primer lugar republicana, y para llegar a la mayoría popular habrá que incorporar el decisivo factor social.
Del Boletín electrónico de EUiA.

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