La legitimidad es la fuente y el fondo de la legalidad. La legitimidad en el caso de los pueblos y las naciones surge de la soberanía popular ciudadana como conciencia activa movilizada, en un territorio, un ámbito económico, una cultura y una lengua concreta, en un período histórico preciso.
Un pueblo está conformado por clases y segmentos sociales,
cada uno con sus necesidades e intereses diferentes y en la mayoría de aspectos
contradictorios y confrontados. La cohesión social puede ser y conviene entre
segmentos sociales iguales o similares, pero es muy difícil entre la pequeña
pero poderosa componente social explotadora y la amplia parte explotada. Entre
los pueblos y las naciones las relaciones no son de igualdad, sino de
diferentes grados de dominación y supeditación. Los Estados forman la
superestructura política institucional de estas relaciones sociales y de poder.
Sea entre Estados uninacionales, o dentro Estados plurinacionales u otras
fórmulas que la historia de la vida nos muestra, siempre dispuesta a provocar o
subvertir los esquemas grises de doctrinarios pobres de espíritu.
Cuando la legalidad se estanca y pervierte la legitimidad es
un freno para la vida de las sociedades y el avance de los pueblos. La
legalidad se convierte en el dique o en el inquisidor de uno o varios segmentos
sociales para hacer prevalecer su posición económica y política contra todos
los demás.
Entonces, la vida y el devenir social debe abrirse paso como
los fluidos, el agua de un río o el aire en la naturaleza. Lo que hace falta es
bordear el obstáculo, disolverlo, destruirlo, en fin superarlo haciendo un nuevo
camino. Una nueva legitimidad creada por una nueva situación exige el cambio,
subvertir la legalidad anquilosada, revolucionar esquemas y poder. Es la hora
de las alternativas. Y cuando no hay alternativa la legalidad va descomponiendo
y destruyendo expectativas y condiciones materiales.
El tándem crisis económica (recortes y retroceso
generalizado) y consulta para decidir claman para abrir paso a una nueva
situación.
La Consulta dentro de la legalidad vigente no puede ser
vinculante, por lo tanto efectiva. Por la sencilla razón de que no la permite y
lo excluye la Constitución española de 1978, ni la acepta el PP y el gobierno
del Estado, ni el PSOE.
Un pacto desde Cataluña con el gobierno español en torno a
la Consulta y una flexibilización del Déficit, tampoco será legal si incluye
que la consulta sea vinculante según la voluntad ciudadana popular.
Los mensajes sobre legalidad y pactos con el gobierno
estatal del PP para la Consulta son fuegos de artificio, más cerca de un
espejismo, que puede ser bien grave si desemboca en desencanto y fomento de la
antipolítica. Es palpable que la independencia gana adeptos mientras el tiempo
pasa en negociaciones de salón, en vez de aprovechar para fomentar movilización
cívica y alianzas entre federalistas, autonomistas, soberanistas e
independentistas.
Una Entesa (Acuerdo) social, cívica y política trabajadora y
popular catalana, no puede ser sustituida por un gobierno de concentración con
CiU. El deslizamiento de CiU y Mas hacia la Consulta no debe hacer perder de
vista que el objetivo fundamental de CiU y los poderes catalanes es recortes y
flexibilidad en el déficit autonómico, con un Pacto Fiscal tácito o explícito
entre la Generalidad de Cataluña y el Gobierno del Estado español.
Las mareas nos muestras el camino de Rebeldía, Insumisión y
Alternativa. El programa para la realización de la Consulta, debe ser que el
resultado sea vinculante, con una pregunta clara, que abra un proceso
constituyente que permita poner medidas para detener los recortes, una
Fiscalidad que haga contribuir a las grandes empresas, Bancos y grandes
fortunas, que los Bancos asuman las quiebras financieras de Bancos y Cajas, que
las Cajas retornen a la territorialidad y se conviertan en los instrumentos
financieros públicos.
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