5/4/13

Legalidad y legitimidad


La legitimidad es la fuente y el fondo de la legalidad. La legitimidad en el caso de los pueblos y las naciones surge de la soberanía popular ciudadana como conciencia activa movilizada, en un territorio, un ámbito económico, una cultura y una lengua concreta, en un período histórico preciso.
Un pueblo está conformado por clases y segmentos sociales, cada uno con sus necesidades e intereses diferentes y en la mayoría de aspectos contradictorios y confrontados. La cohesión social puede ser y conviene entre segmentos sociales iguales o similares, pero es muy difícil entre la pequeña pero poderosa componente social explotadora y la amplia parte explotada. Entre los pueblos y las naciones las relaciones no son de igualdad, sino de diferentes grados de dominación y supeditación. Los Estados forman la superestructura política institucional de estas relaciones sociales y de poder. Sea entre Estados uninacionales, o dentro Estados plurinacionales u otras fórmulas que la historia de la vida nos muestra, siempre dispuesta a provocar o subvertir los esquemas grises de doctrinarios pobres de espíritu.
Cuando la legalidad se estanca y pervierte la legitimidad es un freno para la vida de las sociedades y el avance de los pueblos. La legalidad se convierte en el dique o en el inquisidor de uno o varios segmentos sociales para hacer prevalecer su posición económica y política contra todos los demás.
Entonces, la vida y el devenir social debe abrirse paso como los fluidos, el agua de un río o el aire en la naturaleza. Lo que hace falta es bordear el obstáculo, disolverlo, destruirlo, en fin superarlo haciendo un nuevo camino. Una nueva legitimidad creada por una nueva situación exige el cambio, subvertir la legalidad anquilosada, revolucionar esquemas y poder. Es la hora de las alternativas. Y cuando no hay alternativa la legalidad va descomponiendo y destruyendo expectativas y condiciones materiales.
El tándem crisis económica (recortes y retroceso generalizado) y consulta para decidir claman para abrir paso a una nueva situación.
La Consulta dentro de la legalidad vigente no puede ser vinculante, por lo tanto efectiva. Por la sencilla razón de que no la permite y lo excluye la Constitución española de 1978, ni la acepta el PP y el gobierno del Estado, ni el PSOE.
Un pacto desde Cataluña con el gobierno español en torno a la Consulta y una flexibilización del Déficit, tampoco será legal si incluye que la consulta sea vinculante según la voluntad ciudadana popular.
Los mensajes sobre legalidad y pactos con el gobierno estatal del PP para la Consulta son fuegos de artificio, más cerca de un espejismo, que puede ser bien grave si desemboca en desencanto y fomento de la antipolítica. Es palpable que la independencia gana adeptos mientras el tiempo pasa en negociaciones de salón, en vez de aprovechar para fomentar movilización cívica y alianzas entre federalistas, autonomistas, soberanistas e independentistas.
Una Entesa (Acuerdo) social, cívica y política trabajadora y popular catalana, no puede ser sustituida por un gobierno de concentración con CiU. El deslizamiento de CiU y Mas hacia la Consulta no debe hacer perder de vista que el objetivo fundamental de CiU y los poderes catalanes es recortes y flexibilidad en el déficit autonómico, con un Pacto Fiscal tácito o explícito entre la Generalidad de Cataluña y el Gobierno del Estado español.
Las mareas nos muestras el camino de Rebeldía, Insumisión y Alternativa. El programa para la realización de la Consulta, debe ser que el resultado sea vinculante, con una pregunta clara, que abra un proceso constituyente que permita poner medidas para detener los recortes, una Fiscalidad que haga contribuir a las grandes empresas, Bancos y grandes fortunas, que los Bancos asuman las quiebras financieras de Bancos y Cajas, que las Cajas retornen a la territorialidad y se conviertan en los instrumentos financieros públicos.

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