Hasta tal punto el Gobierno Zapatero
primero y el Gobierno Rajoy después han incumplido la legalidad, que el
Tribunal de Justicia Europeo ha dictado sentencia contra la normativa que
permite los desahucios ¡desde 1993!
El movimiento contra los desahucios, en el que participan decenas de miles de
afectados y personas solidarias, y cuya organización más reconocida es la
Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), de la que es portavoz Ada Colau, ha
recogido 1.400.000 firmas para presentar una iniciativa legislativa popular (ILP). Gracias a la presión popular ha
conseguido que el PP tenga que admitirla a trámite en el Congreso. Para a
continuación vaciarla de cualquier contenido, desfigurarla y defender no los
intereses de los ciudadanos sino de los bancos. Los mismos bancos que han arruinado
al país con la burbuja inmobiliaria y que poseen 3,4 millones de viviendas
vacías.
El movimiento contra los desahucios
ha popularizados dos términos: “dación en pago” y los “escraches”. El primero
es simplemente la exigencia de que la deuda hipotecaria termine con la
devolución al banco de la vivienda. Porque los bancos son responsables de los
negocios hipotecarios que hacen, sobre todo cuando engañan a los ciudadanos. El
segundo es llevar la protesta social a la puerta de las casas de los que defienden
a los bancos, aunque solo sea simbólicamente para que comprendan el sufrimiento
de los desahuciados.
La votación del PP contra la ILP es solo un cambio del campo de la protesta,
que va a continuar para defender ese derecho del art. 47 que el Gobierno Rajoy
viola cada día. Ni un desahucio: ¡la lucha continua!
Gobierno andaluz
PSOE-IU: moratoria de tres años
para los desahucios
La Junta de Andalucía, a iniciativa de IU, ha decretado la expropiación provisional durante tres años de toda vivienda sometida a desahucio. Esta limitación del derecho de propiedad, para defender un derecho constitucional, ha provocado la ira de la derecha y los banqueros. Da un plazo, no resuelve el problema, pero señala el camino: dar prioridad a los derechos sobre los beneficios, hacer que lo público, incluido el presupuesto, esté al servicio de los ciudadanos que más sufren la crisis capitalista.
La Junta de Andalucía, a iniciativa de IU, ha decretado la expropiación provisional durante tres años de toda vivienda sometida a desahucio. Esta limitación del derecho de propiedad, para defender un derecho constitucional, ha provocado la ira de la derecha y los banqueros. Da un plazo, no resuelve el problema, pero señala el camino: dar prioridad a los derechos sobre los beneficios, hacer que lo público, incluido el presupuesto, esté al servicio de los ciudadanos que más sufren la crisis capitalista.
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