No acatar

En la movilización por las libertades democráticas también se puede aprender de la movilización sindical trabajadora. Los Sindicatos no han dicho "estamos en contra de las medidas, pero las acatamos", en todo caso se han rebelado con la movilización; tampoco han propuesto que la representación parlamentaria "se declare en contra pero vote a favor" pues "no se puede impedir la aplicación del decreto", si no se puede impedir o tirar para atrás o incluso "suavizar" ¿para qué luchar entonces?, esta es la posición derrotista y adaptada en una parte de la izquierda parlamentaria. Por suerte no es la posición sindical. Las medidas gubernamentales Sobre el decreto de ajuste de austeridad de nefastos recortes los sindicatos convocaron huelga general del sector público, con la Reforma laboral unilateral gubernamental los sindicatos en unidad sindical han convocado y promueven una Huelga General para el 29 de septiembre, con las manifestaciones de hoy miércoles 29 de junio.

Hay que oponerse, hay que rebelarse. Hay que encontrar las maneras de obstaculizar las medidas gubernamentales laborales y sociales y también las del Tribunal Constitucional. La derecha puede, por lo que se ve, pervertir y trocar las decisiones parlamentarias como es el caso del Estatuto de Cataluña (Ley Orgánica del Estado español votada en las Cortes), pero cierta izquierda considera que tienen que acatar y obedecer las leyes aunque vayan profundamente en contra de su base social y del programa político por el que han sido elegidas. Así se entiende la desafección a la política de tanta gente joven y de buena parte de la clase trabajadora.

Hasta ahora el presidente de la Generalitat de Cataluña del gobierno tripartito, Montilla del PSC, ha desmovilizado y abortado todo intento de movilización y preparación política de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán. Lo ha hecho durante cuatro años, asegurando que no habría una sentencia negativa, y que había de confiar en las promesas de Zapatero de respetar las decisiones del Parlamento catalán. Pura charlatanería de políticos de despacho.

Una vez hay la sentencia, y negativa, por más que el PSOE diga que se aprueba la mayoría del Estatuto, incluso Alfonso Guerra debe palidecer al ver superado su cepillado y las graves motas inconstitucionales que el Tribunal sentencia respecto a la limpieza anunciada por la ponencia de las Cortes en su día, el presidente Montilla se indigna una vez más, pero olvida sus compromisos y respeto a la voluntad al menos parlamentaria soberana. El presidente de la Generalitat llama ahora a la movilización y manifestación para el 10 de junio, cosa absolutamente necesaria, pero adjunta un lapidario y mortífero concepto al señalar que "acatará la sentencia". ¿Así pretende que no le pase como al anterior presidente Pascual Maragall que fue defenestrado por sus correligionarios del PSOE y del PSC? ¿Así pretende sostener en el aire a un gobierno desahuciado a cinco meses de las elecciones y con el periodo vacaciones por medio? CiU y su chepa de inmensa corrupción, deben estar partiéndose de risa, con Mas y Durán Lleida felices ante la incapacidad política gubernamental.

La movilización y la manifestación del 10 de junio han de hacer añicos este final de "acatar la sentencia" y señalar otro camino, con la rebelión y desobediencia civil democrática, la obstrucción legal, la convocatorias de consulta o referendo para ratificar el Estatuto y no aceptar la sentencia del Tribunal.

¿Hasta cuándo la izquierda catalana será tan miope, timorata, pactista y derrotista siguiendo los pasos de la incapaz derecha y burguesía catalana?

Adjunto una declaración de LA AURORA-POR.

No hay que acatar la sentencia sobre el Estatut

Hay que exigir el derecho a decidir

Un Tribunal Constitucional deslegitimado y caducado que ha tardado 4 años en tomar una decisión ha decidido contra el pueblo de Catalunya, contra su Parlament e incluso contra lo aprobado en las Cortes españolas.

La sentencia del TC recorta derechos básicos: no reconoce que Catalunya es una nación, ni el derecho preferente de la lengua catalana, ni desarrollar su propia justicia y decisiones en el ámbito económico y, sobre todo, resalta la preeminencia del Estado español, la “indisoluble unidad” de España.

El PP, la derecha centralista española, y la institución judicial, producto de un pacto entre PP y PSOE, han logrado una decisión antidemocrática, contra lo decidido por el pueblo catalán, que es además un retroceso, una vuelta atrás, en las relaciones entre Catalunya y el resto del Estado. Unos jueces que no han sido elegidos democráticamente no tienen ningún derecho para echar atrás lo que ha decidido un pueblo.

Por eso no hay que acatar la sentencia. No basta con decir que no se comparte la sentencia o que no se está de acuerdo con ella. Hay que ir más allá. Si Catalunya aprobó un Estatut (que ya había sido recortado) si el Parlament le dio su apoyo… el gobierno de la Generalitat y el Parlament deben cumplir su compromiso con el pueblo. Deben decir alto y claro que no acatarán esa sentencia, que gobernarán y legislarán conforme a lo que el pueblo decidió.

La decisión del Tribunal Constitucional es la última de muchas otras que han ido agotando el pacto de la transición del franquismo, por el que se aceptó la Monarquía y se constituyó el Estado de las Autonomías pero que negó el derecho de autodeterminación. El Estado actual y su entramado institucional está configurado para evitar que lo que el pueblo decida se convierta en ley. Y eso es un evidente recorte de los derechos democráticos.

Se necesita abrir una nueva vía, la del derecho a decidir, el derecho a ejercer la autodeterminación, para que el pueblo catalán pueda decidir la manera en que quiere relacionarse con el resto de pueblos de España.

La movilización es la respuesta. La manifestación convocada el día 10 de julio en Barcelona debe reunir a todo el pueblo contra esa sentencia. A los trabajadores y trabajadores también les concierne. Si dejamos que un Tribunal pisotee lo decidido por el pueblo nunca podremos ser completamente libres. Si se echa para atrás el Estatuto eso también repercutirá en los derechos y servicios para el pueblo trabajador.

La sentencia del Tribunal Constitucional no es sólo un ataque contra Catalunya. La izquierda de todo el Estado español debe también tener una posición activa en defensa de lo decidido por el pueblo catalán y debe plantear como propuesta establecer un nuevo marco federal de relación entre los pueblos.

La defensa de los derechos nacionales no nos hace olvidar la crisis económica que sufre el pueblo trabajador, con los millones de parados o la reforma laboral que quieren implantar. En particular no nos olvidamos de quienes en Madrid han votado la reforma laboral y aun quieren imponer medidas más duras contra el pueblo trabajador. No se puede seriamente defender los derechos nacionales y al mismo tiempo recortar los derechos sociales del pueblo trabajador. La convocatoria sindical de una huelga general el próximo 29 de septiembre es la respuesta.

Llamamos a participar activa y masivamente en la manifestación convocada en Barcelona el 10 de julio en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Exigimos que no se acate la sentencia y que se tomen medidas políticas para seguir con la aplicación del Estatut.

Hay que dar pasos adelante para que el pueblo pueda ejercer el derecho a decidir.

Partido Obrero Revolucionario

28 de junio