Paradigmas y paradojas de la Ordenanza cívica

La representante de la asociación Genera, Clarisa Velocci, y el abogado Jaume Asens, compartieron un coloquio en la Fundación Pere Ardiaca sobre la Ordenanza cívica del Ayuntamiento de Barcelona. Entre los dos nos introdujeron en la agria realidad legal en que se debaten las personas, en su mayoría mujeres, que ejercen la prostitución.

Esta Ordenanza, de la mano del PSC, la han importado del modelo conservador represivo de Giulianni, alcalde de Nueva York. Con la diferencia que en Barcelona se ha dado aún más competencias a la Guardia Urbana. Jaume Asens desgranó que el paradigma socialdemócrata de la causa social como generadora de la miseria y la delincuencia, ha dado paso a otro. Ahora se desvinculan consecuencias de causas. Y se va a ocultar las consecuencias, mediante la vía represiva y administrativa. Se quitan trabajadores y mediadores y medios sociales y se sustituyen por policías. Este modelo de seguridad de ciudad arremete los derechos fundamentales de las personas. Además de estar basado y crear discriminación, incertidumbre y arbitrariedad. Casi se puede asimilar jurídicamente con la Ley de vagos y maleantes franquista, como pariente más próximo.

Se concentra la persecución y acoso de las mujeres en el Raval. Qué curioso, coincide con un proyecto de urbanización completo del barrio, y por lo tanto de especulación feroz. En la represión a las profesionales del sexo, Clarisa Velocci se resiste a denominarlas putas, prostitutas, por la connotación humillante e insultante de estos vocablos, no porque ejerzan la prostitución, ni por moralina. Clarisa explica que el acoso y el trato dominador se ceban en gran manera porque es una agresión de género, a la mujer; se arremete desde el lenguaje insultante, el desprecio, la extorsión y la represión. La mujer ha de ser una víctima supeditada, sin libertad, ni capacidad. La gente se gana la vida como puede. Otra cuestión es la explotación y el terror anexo a la trata de blancas y los clubs y chulos. Clarisa ríe, habla con franqueza, susurra y casi grita con emoción. En realidad no se pretende resolver la cuestión social, ni proteger a las mujeres, ni solventar lo que provoca el intercambio, el comercio sexual retribuido, o el infame negocio de la trata de blancas como si fueran esclavas modernas. Lo que la autoridad, el Ayuntamiento socialista quiere es ¡que no se vea! El alcalde, la concejal de seguridad van a limpiar un barrio, “el barrio chino”, pues ahora tiene otra función.

Además de la corrupción inherente, la actual Ordenanza cívica municipal conlleva una arbitrariedad intrínseca profunda. Un contrasentido legal que no soporta la sanción de un juez, pues no se pueden probar los hechos delictivos, si se exceptúa las suposiciones de los policías y ayudantes. La paradoja es que se multa a las mujeres, se las condena a la exclusión, para protegerlas de la explotación sexual. Ahora bien, el resultado es una mayor indefensión, más necesidad de prostituirse para pagar las multas o a recurrirlas o a acudir a los Juzgados.

Es importante señalar que en esta cuestión hubo coherencia política, verbal y de voto, de la coalición ICV-EUiA. Una parte se la merece nuestro concejal de Salud, Ignasi Fina (fallecido poco después de la Ordenanza) y de la portavoz de ICV, Imma Mayol. La coalición votó en contra de la Ordenanza socio-neoyorquina, aunque se sigue en el gobierno municipal.