Represión contra el sindicalismo con sentencias de cárcel

3 años y 1 día de cárcel*.

La cascada de sentencias para encarcelar a sindicalistas que han ejercido el derecho a la huelga pretende amordazar la acción sindical. Es otro brazo ejecutor judicial estatal del ataque en toda regla de la patronal y el gobierno contra los sindicatos. La Carta de La Aurora aboga para que cese la represión y se indulte a todas las personas condenadas.

Huelga no es delito. Tras las reformas laborales impuestas por el Partido Popular, que abaratan y facilitan el despido individual y colectivo, vacían de contenido la negociación colectiva y facilitan la devaluación salarial mediante el descuelgue y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo por decisión unilateral de las empresas.

3 años de cárcel.

Sólo faltaba una pieza más en su estrategia de quebrar el movimiento obrero y preparar las condiciones para la individualización de las condiciones de trabajo, el despliegue de un arsenal represivo que amilane la resistencia y la capacidad de lucha de la clase trabajadora organizada.
Se está criminalizando la defensa de los trabajadores, con centenares de personas trabajadoras y sindicalistas en procesos y docenas de condenas firmes por el mero ejercicio pacífico del derecho de huelga.

La represión penal del derecho de huelga impulsada por las fiscalías al dictado del PP tiene su base legal en que en la reforma del Código Penal de 1995 se introdujo un nuevo apartado en el artículo 315.3 que tipificaba como delito, con penas de prisión de hasta tres años, a quienes “coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”.
Es llamativo que mientras los sindicalistas van a prisión, actuaciones como la del presidente de Coca-Cola que contrató a esquiroles para quebrar la huelga de la fábrica de Fuenlabrada, quedan impunes.
¿Cuántos banqueros y responsables de la crisis y de la estafa financiera han sido condenados?, ¿Se ha procesado a algún empresario por amenazar e impedir el derecho de huelga?
La ofensiva penal planificada contra el derecho constitucional de huelga y el sindicalismo que afecta, hasta el momento, a más de 260 personas, aumenta cada día, para las que el Ministerio Fiscal pide un total de 125 años de cárcel por participar en distintas movilizaciones sectoriales y huelgas generales, 14 años corresponden a sentencias firmes pendientes de ejecución.
Un ataque que responde al objetivo de “desanimar y meter miedo a la gente para que no participe en las huelgas y movilizaciones y, en consecuencia, debilitar a los sindicatos”. Así lo demuestra el hecho de que ahora, y por primera vez en democracia, se utilice el artículo 315 del Código Penal para pedir penas de cárcel.

3 años de cárcel.

¿Cuántos empresarios han entrado en prisión por despedir a trabajadores que se han presentado a las candidaturas de CCOO o UGT en las elecciones sindicales? ¿Cuántos empresarios hay imputados por enviar de forma fraudulenta a la calle a los trabajadores y trabajadoras?
La lucha continúa hasta que cese la represión y se indulte a todas las personas condenadas.

* Ana y Támara, Galicia, condenadas a 3 años y 1 día de cárcel.