13/5/10

Con el Tribunal Constitucional hemos topado

Cuatro años de deliberaciones han sido insuficientes para que el Tribunal Constitucional dictara sentencia sobre la renovación del Estatuto de Cataluña. La crisis constitucional en el Estado de las Autonomías está servida y es tricéfala.

El bloqueo es porque se consideran inconstitucionales varios artículos del Estatuto. Tanto la componente progresista (por el PSOE) como la conservadora (PP) no avalan el Estatuto del Parlamento catalán (con autocensura de sus parlamentarios/as), ni de las Cortes españolas que lo aprobó como Ley (con mayores recortes), ni el Referéndum catalán posterior (con la abstención de más de la mitad del censo).

El primer aspecto es el contenido de fondo democrático nacional. Afecta a la estructura del Estado español. Es un problema español y catalán. Los magistrados consideran intocable y ni siquiera susceptible de interpretación o evolución, la unidad indivisible de la nación y del Estado español. Según la constitucionalidad defendida no existe pluralidad nacional. Esto aparece como si estuviera por encima de la decisión democrática soberana española y catalana. Este Estado se define como un todo único de ciudadanía, que no está formado por partes, por Pueblos, por naciones reunidas por la fuerza o con libertad en un sólo Estado. Esta concepción se usa para la soberanía ciudadana española existente en la legalidad, incluida la ciudadanía en Cataluña, mientras se excluye cualquier otra soberanía democrática de la parte catalana.

Es un fundamento jurídico cuyas bases políticas y sociales residen en una burguesía española que con uñas y dientes mantiene su predominio sobre las demás burguesías nacionales, denominadas nacionalistas, pues en su evolución histórica no constituyeron un Estado diferenciado.

Desde la izquierda de base trabajadora no llega a entenderse la colisión democrática, con la consideración cierta de que la clase trabajadora está igualmente explotada en todo el Estado, sea por la burguesía española, catalana, vasca o gallega. Para una mayoría de la izquierda española la cuestión democrática sería exclusiva fruto de un enfrentamiento entre burguesías. En concreto resulta que cada izquierda puede llegar a apoyar a "su" burguesía cuando se tocan los asuntos de Estado nacionales y de soberanía democrática. El resultado fehaciente es que la clase trabajadora resulta dividida por su sentimiento nacional, al que se añade el de la inmigración.

El segundo aspecto de la crisis está en que el Estado y el gobierno español abocan al gobierno de la Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán a quedar desautorizados. La cuestión estatutaria, tildada de identitaria despectivamente, provocó la defenestración del primer presidente de izquierdas de la Generalidad con un gobierno tripartito (de izquierdas y catalanista), Pascual Maragall. Ahora atenaza y se va a llevar por delante al presidente Montilla. De poco le ha servido que haya proclamado en vano que se dedicaría a fets (hechos) en vez del tiempo perdido en la identidad. El PSOE se mueve en parámetros democráticos conservadores, maniatado por la presión y política reaccionaria del PP, que defiende con claridad un nacionalismo único dominante de nación española. Esta política permite sostener los privilegios de la burguesía estatal española. Los beneficiarios son el PP y CiU, representantes políticos de la burguesía española y catalana.

El tercer elemento de crisis es la estructura Judicial y del Tribunal Constitucional. Es legal pero dista mucho de ser democrática. Se impone una reforma en profundidad. Un Tribunal no puede estar por encima de la voluntad soberana popular representada por las personas representantes electas. El pacto por la Justicia entre el PP y el PSOE pervierte la representación ciudadana. No se trata sólo de cambiar a unos magistrados, corresponde cambiar la institución y elección de este Tribunal y de la Justicia, y ajustar sus competencias al respeto a la soberanía ciudadana. La reforma ha de poner al Tribunal Constitucional y a los Jueces a la elección soberana de la ciudadanía.

La resolución del Parlamento catalán es deplorable por su impotencia y falta de imaginación en proponer alguna perspectiva política. No es posible volver atrás a la mayoría catalana de hace cinco años, como si se pudieran aplicar las mismas expectativas, esperanzas y lo que a lo sumo se ha visto como ilusorias promesas tanto del presidente del gobierno español del PSOE, como del presidente de la Generalidad catalana del PSC. Los incumplimientos han sido la norma después de cada concesión del Parlamento y gobierno catalán, pues han conducido a una negativa y nuevos recortes, hasta llegar al bloqueo por el Constitucional.

Corresponde ahora defender a este Estatuto tan limitado. Y es esencial la sensibilización y movilización ciudadana. Las negociaciones institucionales han llegado a una vía muerta sin salida. O se construyen nueva vía, o se escoge otra vía para avanzar. Para cumplir lo pactado, para cambiar la relación de fuerzas parlamentarias, para respetar la soberanía ciudadana por parte de los Tribunales se necesita fuerza y para conseguirla movilización popular democrática ciudadana.

El Parlamento catalán ha de encaminarse a no aceptar, desacatar, la sentencia negativa que elaboran en el Tribunal Constitucional. Tendrá de preparar la concienciación y la movilización popular en defensa de la libertad soberana acordada en Cataluña o se sumirá en la capitulación política.

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