La Conferencia política previa a la dimisión de Rubalcaba también hizo de la
reforma constitucional el eje del programa para recuperar el gobierno. Sin
embargo, una reciente reunión de los dirigentes territoriales del PSOE ha
preferido no concretar aun los temas que abarcaría dicha reforma, porque, según
han explicado, podría “quemarla”.
Con todo, conocemos algunos de los objetivos propuestos: reforma de la línea de sucesión de la Corona, igualando en derechos a príncipes e infantas, federalismo simétrico de los territorios hoy autonómicos, transformación del Senado en cámara de las autonomías, universalidad del derecho a la educación…Ni una palabra sobre el art. 135.
Cualquier reforma de la Constitución necesita una mayoría de dos tercios. Lo que en la situación actual, somete cualquier reforma al veto del PP, que ya ha adelantado por activa y pasiva que no quiere oír del tema.
En realidad, se trata de una utopía reaccionaria por parte de la nueva dirección del PSOE, cuya función es doble: pretender que existe un federalismo sin derecho a la autodeterminación frente al movimiento soberanista catalán; y justificar funcionalmente una posible política de pactos de estado con el PP, que en caso podría convertirse en un gobierno de “salvación del régimen del 78”.
La reforma constitucional que propone el PSOE es el equivalente a un apaño del bipartidismo ante la crisis profunda del régimen de la segunda restauración borbónica. Una segunda transición dentro de la transición monárquica, siguiendo el modelo de la sucesión de la corona, en la que los ciudadanos sean una vez más espectadores de la manipulación de sus destinos y no sujetos activos en la construcción de su futuro.
La verdadera alternativa a la crisis del régimen corrupto del 78, al bloqueo institucional y la crisis fiscal de las autonomías, al saqueo de las arcas públicas en los rescates a la banca, al recorte de los derechos sociales conquistados contra el franquismo, es volver a plantear la ruptura.
Ruptura, que significa un cambio sustancial en la correlación de fuerzas entre las clases trabajadoras y las oligarquías que gobiernan. Ruptura que significa el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el derecho a decidir entre monarquía y república. Ruptura que significa abrir procesos constituyentes que configuren nuevos sujetos políticos iguales en derechos capaces de un nuevo pacto de convivencia entre los pueblos ibéricos. Ruptura que significa recuperar y desarrollar los derechos sociales heredados de la lucha antifranquista y recortados por el neoliberalismo.
¿Una “reforma” constitucional con el PP y la monarquía? ¿Someterse de nuevo al chantaje de los “poderes fácticos”?.
La verdadera línea divisoria hoy entre la izquierda y la derecha, entre la defensa de los intereses de las clases trabajadoras o de las oligarquías, es la que separa a la reforma de la ruptura constitucional.
Con todo, conocemos algunos de los objetivos propuestos: reforma de la línea de sucesión de la Corona, igualando en derechos a príncipes e infantas, federalismo simétrico de los territorios hoy autonómicos, transformación del Senado en cámara de las autonomías, universalidad del derecho a la educación…Ni una palabra sobre el art. 135.
Cualquier reforma de la Constitución necesita una mayoría de dos tercios. Lo que en la situación actual, somete cualquier reforma al veto del PP, que ya ha adelantado por activa y pasiva que no quiere oír del tema.
En realidad, se trata de una utopía reaccionaria por parte de la nueva dirección del PSOE, cuya función es doble: pretender que existe un federalismo sin derecho a la autodeterminación frente al movimiento soberanista catalán; y justificar funcionalmente una posible política de pactos de estado con el PP, que en caso podría convertirse en un gobierno de “salvación del régimen del 78”.
La reforma constitucional que propone el PSOE es el equivalente a un apaño del bipartidismo ante la crisis profunda del régimen de la segunda restauración borbónica. Una segunda transición dentro de la transición monárquica, siguiendo el modelo de la sucesión de la corona, en la que los ciudadanos sean una vez más espectadores de la manipulación de sus destinos y no sujetos activos en la construcción de su futuro.
La verdadera alternativa a la crisis del régimen corrupto del 78, al bloqueo institucional y la crisis fiscal de las autonomías, al saqueo de las arcas públicas en los rescates a la banca, al recorte de los derechos sociales conquistados contra el franquismo, es volver a plantear la ruptura.
Ruptura, que significa un cambio sustancial en la correlación de fuerzas entre las clases trabajadoras y las oligarquías que gobiernan. Ruptura que significa el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el derecho a decidir entre monarquía y república. Ruptura que significa abrir procesos constituyentes que configuren nuevos sujetos políticos iguales en derechos capaces de un nuevo pacto de convivencia entre los pueblos ibéricos. Ruptura que significa recuperar y desarrollar los derechos sociales heredados de la lucha antifranquista y recortados por el neoliberalismo.
¿Una “reforma” constitucional con el PP y la monarquía? ¿Someterse de nuevo al chantaje de los “poderes fácticos”?.
La verdadera línea divisoria hoy entre la izquierda y la derecha, entre la defensa de los intereses de las clases trabajadoras o de las oligarquías, es la que separa a la reforma de la ruptura constitucional.
De la Carta de La Aurora.
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