El miércoles, la actriz Sílvia Bel, leyó la declaración que reproduzco. El actual manifiesto responde a la ilegalización de la organización de la izquierda aberzale Sortu. La declaración cuenta con el apoyo de EUiA y está avalado por 150 firmas iniciales de Cataluña. Entre las personas firmantes las actrices Sílvia Bel, Ariadna Gil y Carme Sansa, entre otros. De EUiA hay las firmas de Jordi Miralles, coordinador general de la formación y diputado en el Parlamento de Cataluña, Àngels Tomás, responsable de Solidaridad, Paz y Movimientos Sociales, y Francesc Matas Salla, miembro de la Comisión Permanente y de la ejecutiva federal de IU (en la fotografía inferior, los tres en una reciente reunión con los representantes de la izquierda aberzale, Txelui Moreno y Mikel Ansa).
Declaración catalana por la Paz y la Democracia
Las personas abajo firmantes, en el presente contexto de desaparición efectiva de la violencia, consideramos que es el momento de poner sobre la mesa, con carácter de urgencia, el reestablecimiento de la normalidad democrática y del respeto a los principios universales de los Derechos Humanos en el País Vasco, y manifestamos:
En unos momentos de involución política en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español, Catalunya no puede quedar al margen de los esfuerzos imprescindibles para que todos los pueblos puedan defender la totalidad de sus derechos y libertades democráticas sin restricciones, en el marco de la Unión Europea.
Es inaceptable el uso político de la justicia para limitar derechos constitucionales elementales como los derechos de reunión, afiliación política o a constituir candidaturas para concurrir a las elecciones. En la medida que el Estado español mantenga su posición inmovilista en el conflicto vasco, se hará en definitiva cada vez más evidente su obstinada negativa a aceptar el derecho a decidir sobre su futuro, libre y democráticamente expresado.
En este sentido, reclamamos del Estado Español la restauración de la normalidad democrática en el País Vasco, esto es, el reestablecimiento de los derechos de expresión, de manifestación y de participación política sin exclusiones, así como la adopción de medidas de normalización jurídica en el ámbito policial y penitenciario.
Barcelona, a 30 de marzo de 2011
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