De la Carta de La Aurora. Hacia el 20º Congreso.
Defender el municipalismo es hoy defender la esencia misma
de nuestros derechos. La condición misma de la democracia en su sentido más
histórico y profundamente republicano. Tal como nos han demostrado buena parte
de los procesos antineoliberales alumbrados en América del Sur en los últimos
25 años, el municipalismo es básico para desarrollar cualquier política de
transformación y para la formación de potentes fuerzas políticas populares y
regeneradoras.
Términos como: procesos participativos, democracia directa o derechos como la educación, la vivienda o la sanidad están directamente relacionados con el territorio, su demografía y población. El municipio es en suma el marco en el que toman cuerpo, en primera instancia, tales derechos y la propia condición de ciudadanía.
Las recetas neoliberales que se nos aplican supuestamente en nombre de combatir la crisis, lo único que han demostrado es su capacidad para defender a los sectores más poderosos de la sociedad a los que constantemente se ayuda, a los que constantemente se les abren áreas de negocio a expensas de los derechos de la población.
Para llevar a cabo esa política es necesario degradar, una y otra vez, los derechos de la ciudadanía y transformar a éstos en simples fuentes de negocio. En otras palabras, deben dejar de ser universales y asociados a la “condición de persona” para pasar a estar ligados a la condición del bolsillo de la persona. O sea, mercantilizados.
El gobierno del PP ha profundizado hasta extremos hace poco tiempo, simplemente inimaginables, las recetas neoliberales austericidas de mercantilización de todo. Dicho modelo degrada la vida de las personas y, en consecuencia, degrada sus derechos. Reducir prácticamente a cenizas la actual estructura municipal es una parte nodal, tal y como lo demuestra el cambio que se persigue de la Ley de Bases de Régimen local, de toda la política austericida.
En esta segunda restauración borbónica, la surgida del pacto de la transición, los ayuntamientos siempre fueron el pariente pobre. Para las instituciones municipales hubo buenas palabras, pero casi nulo dinero. A pesar de ello, los consistorios, especialmente aquellos que han sido gobernados por la izquierda, fueron desarrollando un conjunto de parcos servicios que, junto a las altamente insuficientes políticas sociales estatales y autonómicas, garantizaban una parte fundamental de los derechos asociados a la condición de residente y de ciudadano de un territorio.
Ahora el cambio en la Ley de Bases quiere dar la puntilla a unos ayuntamientos muy castigados primero por la falta de medios, muy sometidos después a la vorágine ladrillista y ahora abandonados (como sus habitantes), lisa y llanamente, a la voluntad despótica de los grandes capitales.
Ese y no otro es el fondo de proyectos como Eurovegas y toda la ristra de cambios legales que trae bajo el brazo: ley antitabaco, control de capitales, reembolso de beneficios, etc. y que el PP auspicia hasta las cachas. Es un ejemplo extremo de lo que ha sido desde el Tamayazo (del que acabamos de cumplir 10 años) la vida en los 179 municipios que hoy existen en la Comunidad de Madrid. Una vida de: esquilmación, privatizaciones, ladrillismo, corrupción y clientelismo.
Romper con todo ello exige a la izquierda un importante esfuerzo de regeneración en sus formas y, lógicamente, en parte de su fondo. La izquierda, particularmente la transformadora y revolucionaria debe ahondar en el debate sobre la organización y la frescura que se necesitan para regenerar el municipalismo. De esa organización y de esa frescura también hablaremos en Barcelona los próximos días 5,6 y 7 en el vigésimo congreso del POR.
Para no perdérselo.
Términos como: procesos participativos, democracia directa o derechos como la educación, la vivienda o la sanidad están directamente relacionados con el territorio, su demografía y población. El municipio es en suma el marco en el que toman cuerpo, en primera instancia, tales derechos y la propia condición de ciudadanía.
Las recetas neoliberales que se nos aplican supuestamente en nombre de combatir la crisis, lo único que han demostrado es su capacidad para defender a los sectores más poderosos de la sociedad a los que constantemente se ayuda, a los que constantemente se les abren áreas de negocio a expensas de los derechos de la población.
Para llevar a cabo esa política es necesario degradar, una y otra vez, los derechos de la ciudadanía y transformar a éstos en simples fuentes de negocio. En otras palabras, deben dejar de ser universales y asociados a la “condición de persona” para pasar a estar ligados a la condición del bolsillo de la persona. O sea, mercantilizados.
El gobierno del PP ha profundizado hasta extremos hace poco tiempo, simplemente inimaginables, las recetas neoliberales austericidas de mercantilización de todo. Dicho modelo degrada la vida de las personas y, en consecuencia, degrada sus derechos. Reducir prácticamente a cenizas la actual estructura municipal es una parte nodal, tal y como lo demuestra el cambio que se persigue de la Ley de Bases de Régimen local, de toda la política austericida.
En esta segunda restauración borbónica, la surgida del pacto de la transición, los ayuntamientos siempre fueron el pariente pobre. Para las instituciones municipales hubo buenas palabras, pero casi nulo dinero. A pesar de ello, los consistorios, especialmente aquellos que han sido gobernados por la izquierda, fueron desarrollando un conjunto de parcos servicios que, junto a las altamente insuficientes políticas sociales estatales y autonómicas, garantizaban una parte fundamental de los derechos asociados a la condición de residente y de ciudadano de un territorio.
Ahora el cambio en la Ley de Bases quiere dar la puntilla a unos ayuntamientos muy castigados primero por la falta de medios, muy sometidos después a la vorágine ladrillista y ahora abandonados (como sus habitantes), lisa y llanamente, a la voluntad despótica de los grandes capitales.
Ese y no otro es el fondo de proyectos como Eurovegas y toda la ristra de cambios legales que trae bajo el brazo: ley antitabaco, control de capitales, reembolso de beneficios, etc. y que el PP auspicia hasta las cachas. Es un ejemplo extremo de lo que ha sido desde el Tamayazo (del que acabamos de cumplir 10 años) la vida en los 179 municipios que hoy existen en la Comunidad de Madrid. Una vida de: esquilmación, privatizaciones, ladrillismo, corrupción y clientelismo.
Romper con todo ello exige a la izquierda un importante esfuerzo de regeneración en sus formas y, lógicamente, en parte de su fondo. La izquierda, particularmente la transformadora y revolucionaria debe ahondar en el debate sobre la organización y la frescura que se necesitan para regenerar el municipalismo. De esa organización y de esa frescura también hablaremos en Barcelona los próximos días 5,6 y 7 en el vigésimo congreso del POR.
Para no perdérselo.
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